Catalunya dejará de aplicar la 'Ley Mordaza'

El Govern considera que no es necesario en las movilizaciones pacíficas

14 febrero 2022 09:32 | Actualizado a 14 febrero 2022 09:42
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El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciado que los Mossos d'Esquadra dejarán de aplicar en Catalunya la "Ley Mordaza", amparándose en sentencias de tribunales europeos y del Constitucional, puesto que considera que no tiene sentido sancionar manifestantes si se movilizan pacíficamente.

Así lo ha revelado Elena en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la cual ha anunciado un cambio de criterios para hacer prevalecer los derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión, el de reunión y el de información, en la tramitación de los expedientes vinculados a la Ley de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza".

"Lo que no tiene sentido es que si una persona se manifiesta pacíficamente tenga como consecuencia una multa o que cuando un periodista o un fotoperiodista hacen una fotografía tengan como consecuencia una sanción", ha remarcado Elena.

El conseller ha subrayado que este cambio se ampara en diferentes sentencias de tribunales europeos y del propio Constitucional en que no se aplica "miméticamente" la "Ley Mordaza" sino que se ponderan otros derechos básicos porque estiman que el ejercicio de derechos fundamentales "no se puede considerar un delito".

El conseller ha dicho que le "sorprende" que haya muchos partidos -ha citado en concreto al PSC-, que hayan pedido la derogación de la "Ley Mordaza" y que ahora se pongan "las manos en la cabeza" cuando no se aplica de forma "restrictiva".

"Loa que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos y en este caso la "Ley Mordaza" con otros derechos como el de la libertad de expresión o de manifestación", ha remarcado.

Además, Elena ha anunciado que se separará orgánicamente el proceso de denuncia por parte de la policía y el de instrucción de los expedientes, para que tengan una dependencia orgánica diferenciada, de forma que la instrucción pasará a manos de la Dirección general de Administración de la Seguridad.

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