El Gobierno descarta ayudas directas al sector de la hostelería

Los propietarios de bares, restaurantes y determinadas actividades de ocio no recibirán finalmente ayudas directas del Estado para sostener sus negocios en la pandemia. El Consejo de Ministros dará luz verde el martes al decreto en el que está trabajando desde hace varias semanas para respaldar a la hostelería, uno de los sectores más afectados desde el principio de la crisis por el confinamiento, las restricciones y los cierres, según apuntan fuentes del Ejecutivo.

Sin embargo, los empresarios, la mayoría autónomos o pymes, no recibirán este tipo de inyecciones que hay en otros países. Alemania se había convertido en el espejo en el que se miraban. Allí, el ejecutivo de Angela Merkel paga a los negocios afectados el 75% de lo que facturaran en 2019.      

El plan sí incluirá acciones vinculadas a reforzar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya vigencia expira el 31 de enero. Varios ministros habían anticipado que  seguirán en vigor mientras hagan falta, al ser esenciales para el sostenimiento del turismo, la restauración y el comercio.

Tendrán que ser las comunidades las que pongan en marcha o gestionen las ayudas directas, si así quieren hacerlo. Una parte de las regiones ya habían habilitado líneas con un carácter  heterogéneo, desde créditos blandos hasta subvenciones pasando por exenciones de tasas o determinados impuestos o apoyos para bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social. El sector esperaba un plan más homogéneo al que pudieran acceder todos.

Por lo que ha optado el Gobierno es por desarrollar un decreto en el que se incluye la posibilidad de que los hosteleros puedan pagar mitad por los alquileres de sus locales siempre que estos inmuebles se encuentren en manos de ‘grandes tenedores’. Esto es, con más de diez propiedades. El sector, contrario a aplicar solamente esta medida ‘estrella’, recuerda que apenas un mínimo porcentaje de los locales está en manos de esos grandes propietarios, y suelen ser los ubicados en los centros comerciales. Para acceder a esa quita habrá que cumplir previsiblemente varios requisitos.

Más allá de que el casero sera un gran propietario, no debe existir un pacto entre ambos para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia. Los propietarios de bares y restaurantes también podrían acogerse a la posibilidad de solicitar un aplazamiento de los pagos de sus alquileres, como ha ocurrido con las hipotecas, hasta que pase el temporal y retomar la deuda después.            

Conseguir la renegociación

En el Gobierno confían en que la medida de la quita tenga un  efecto persuasivo entre los caseros. Porque muchos de ellos se han negado estos meses a aplicar rebajas a pesar de la grave situación por la que atravesaban los negocios de sus inquilinos. Es posible que una parte de esos inmuebles vean rebajados sus costes por temor a que el arrendatario acuda a la quita. Para fomentar esa posibilidad, y a falta de perfilar el decreto, se incorporaría otra medida: incentivos fiscales para aquellos caseros con 10 o menos locales que acepten renegociar sus alquileres.