El Gobierno hará fijos a 300.000 interinos antes de junio de 2022

 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la legalidad de la norma, muy criticada por la oposición Madrid

EFE

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El objetivo del gobierno es reducir la temporalidad. EFE

El objetivo del gobierno es reducir la temporalidad. EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrentó este jueves a un nuevo examen del proyecto de ley pactado con ERC y PNV para regularizar a los interinos. Y lo ha hecho dejando claro que antes de junio de 2022 se aprobará la oferta de empleo público con la que se prevé integrar a más de 300.000 interinos de larga duración a plazas fijas. "Vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las OEP (ofertas de empleo público) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022", ha asegurado la ministra.

La idea es que, una vez aprobadas, la plazas sean convocadas para poder ser fijas antes de que termine 2024. "Necesitamos trabajar e imprimir el ritmo necesario para lograrlo", explicó Montero durante una comparecencia en el Congreso, en la que ha defendido además que el texto "es razonable y va en línea de las decisiones judiciales".    

       

En concreto, se refiere a la mencionada propuesta para que la propuesta para que los interinos que lleven trabajando de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 en la Administración puedan acceder a ella a través de un concurso de méritos. Es decir, sin pasar por una oposición.            

La oposición considera que el hecho de que sean las comunidades autónomas las que lleven a cabo el proceso puede generar una "enorme conflictividad". Sobre todo porque es previsible que cada autonomía aplique los modelos que considere oportunos, con el riesgo que esto supone para el derecho de igualdad a la hora de acceder a una plaza pública.            

"Algunas pueden ser menos exigentes, otras pueden poner como requisito conocer la lengua co-oficial... valores que pueden perjudicar y excluir a los interinos de otras regiones", alertan desde el grupo mixto. Consideran que esta situación generará una elevada judicialización "pues las bases de los concursos van a acabar siendo un traje a medida, y eso es contrario a las condiciones constitucionales de condiciones de igualdad en el acceso a la función pública", insisten.

Objetivo: reducir la temporalidad        

Durante su comparecencia, Montero ha recordado que el objetivo del Gobierno es, con esta nueva regulación, reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% frente al 30% actual.            

En este sentido, recuerda que la entrada en vigor del real decreto llevará a una eliminación de facto de la tasa de reposición: la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

Hay que recordar que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 se incluye una tasa de reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Durante su intervención ante los parlamentarios, Montero también ha avanzado la aprobación del Real Decreto que regulará el teletrabajo en la administración pública para que esta modalidad laboral se implante a partir de enero de 2022, de tal manera que sea compatible la garantía de prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conciliación y la apuesta por el territorio interior.

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