El círculo perverso que atrapa a los hijos de la violencia de género

Cuando van a ir a la escuela, temprano por la mañana, dos niños de cinco y ocho años ven cómo su padre, que ya no viven con ellos, se acerca a su madre, que sale de casa con ellos, y la apuñala varias veces hasta quitarle la vida. En ese minuto los menores pierden a su madre, asesinada, pero también a su padre, condenado a 23 años de prisión después de un juicio en el que se dicta que debe indemnizar a sus hijos con 300.000 euros, que deben servir para respaldar económicamente a los pequeños. Sin embargo, ese apoyo nunca se consolida.

El criminal se declara insolvente y, al contrario de lo que indicaría el sentido de justicia, comienza a construirse un círculo alrededor de los niños que les aísla del bienestar económico. Un círculo de altos muros de burocracia e incluso cierto cinismo legal, que hace peligrar la «protección patrimonial de los menores», según Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres.

La orfandad por violencia de género, que ha dejado 309 menores huérfanos desde 2013, según la Fundación Soledad Cazorla que destina becas a estos niños desde hace cinco años, es una «situación dramática y terrible pero poco habitual» rodeada de desinformación que incrementa la «problemática a la que se enfrenta la familia», dice Joaquín García Cazorla. «Los poderes públicos no tienen en mente la relevancia de sistematizar y dirigir correctamente la información de los problemas que afectan la tramitación de los procesos judiciales, los procedimientos de guardia y custodia, y los de filiación y adopción».

Ocho años después, esos niños, hijos de Guacimara Rodríguez, viven con su tío (hermano de ella) en Canarias, y Luz Marina, su tía, se ha encargado de proteger su patrimonio, en un recorrido a veces ciego en dependencias públicas y privadas. «Empieza en el minuto cero», afirma Luz Marina. «Piensas primero que el padre no tiene derecho a nada, por haber matado a la madre, pero no es así. Y no hay un protocolo claro en la violencia de género. Primero tienes que conseguir la retirada de la patria potestad, que es provisional hasta que termina el juicio». Guacimara y su expareja, el padre de los dos niños, tenían una casa en común, que «no pasa directamente a ellos», reclama Luz Marina. «Hay que reclamar al seguro para poder liquidar lo que resta de hipoteca».

Relata la tía de los niños que para completar ese trámite tiene que reunir «muchos papeles», desde los que certifican la violencia de género hasta la salud de la víctima antes del hecho. «Vete a pedir la documentación», recuerda. «Empiezan a tirarse la pelota unos a otros y al final te lo hacen como un favor». «No siempre todas las oficinas de la seguridad social tienen la información completa», confirma Soleto. «Es imprescindible que se incremente el nivel de información en el servicio de apoyo a las víctimas».

«Los menores tienen que recibir la indemnización de la responsabilidad civil del delito por parte de su padre, que no tiene liquidez», explica García Cazorla. «La única forma para efectuar esa compensación es cediendo la opción de la propiedad de la vivienda familiar que le correspondía a él, como consecuencia de la disolución de gananciales de la mujer que asesinó. Esta transacción está sujeta a la tributación, y los huérfanos no pueden hacer frente a eso, lo que les impide acceder a esta reparación. Lo mismo en el pago de la plusvalía municipal».

Otra paradoja del laberinto es que los niños no pueden ser adoptados por las familias que les acogen. La cuestión es que al ser efectiva la adopción, los niños pierden automáticamente la pensión de orfandad.