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La justicia valenciana es la primera en España en autorizar los toques de queda sin el respaldo de un estado de alarma para frenar la quinta ola del virus. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado luz verde a la petición del Govern de Ximo Puig de establecer restricciones a la movilidad nocturna entre las 1 y las 6 horas en las 32 localidades de la región de más de 5.000 habitantes que presentan mayor riesgo epidemiológico por covid-19, entre ellas la ciudad de Valencia.
El Superior también ha dado su bendición a la otra medida de restricción de derechos fundamentales reclamada por la Generalitat: la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares en toda la región con independencia de la incidencia de la zona.
Tanto el fallo del TSJC como la posición de la Fiscalía de respaldar sin matices las restricciones de libertades fundamentales sin el paraguas de una normativa excepcional podrían constituir precedentes para otras comunidades. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debe fallar en breve sobre la petición del Ejecutivo insular ayer mismo de imponer el toque de queda entre las 00.00 y las 06.00 horas en aquellas islas que se encuentren en nivel de alerta tres por la pandemia (en este caso Tenerife).
La Sala del Superior valenciano considera que las medidas relamadas por la Generalitat son «equilibradas», pues se derivan de ellas «más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto», al tiempo que cumplen el «juicio constitucional de proporcionalidad».
El auto, que cuenta con un voto particular discrepante y que puede ser recurrido en casación, alude a la expansión de la variante Delta del coronavirus, el crecimiento exponencial de contagios, el aumento de las hospitalizaciones y la «situación cercana al colapso que se está ya produciendo en los centros de Atención Primaria».
Los jueces, que apuntan a que el toque de queda aparece como indispensable para «intentar impedir la actividad de ocio nocturno conocida como botellón» tras el fracaso de otras restricciones, insisten en que su resolución es conforme a la doctrina dictada en las últimas semanas por el Supremo.
El pasado mes de junio el alto tribunal, habilitado por el Gobierno con una reforma exprés para interpretar hasta dónde podían llegar las autonomías sin estado de alarma en sus restricciones, zanjó que sin esa legislación de excepción no cabía restricción indiscriminada de derechos fundamentales. De hecho, el alto tribunal el tumbó el toque de queda y las limitaciones en las reuniones en Baleares por entender que eran excesivas y que no tienen amparo en la actual Ley de Salud Pública.
Sin embargo, el Supremo sí que adelantó que estaría dispuesto a bendecir ciertas limitaciones de derechos fundamentales si éstas no se imponían de forma masiva e indiscriminada a toda la comunidad.
