Las instituciones se vuelcan para ayudar a los más perjudicados

Los ayuntamientos han salido en socorro 
de sus vecinos con diferentes medidas

12 marzo 2021 11:20 | Actualizado a 12 marzo 2021 11:23
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Durante este año de pandemia a la crisis sanitaria se le ha unido una crisis económica de proporciones también descomunales, que ha golpeado con inusitada dureza al conjunto de la actividad productiva. Las restricciones obligadas para tratar de evitar la proliferación de los contagios han repercutido de forma muy negativa en toda la economía, si bien algunos sectores se han visto especialmente afectados, hasta el punto de que son millares los negocios sobre los que pende la amenaza del cierre definitivo. Esta crisis ha tenido graves consecuencias sobre miles de familias, que han visto reducidos drásticamente sus ingresos al perder el puesto de trabajo o, en el mejor de los casos, al haberse visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una de las medidas, precisamente, puestas en marcha por el Gobierno para tratar de paliar la debacle.

Y es que la crítica situación ha obligado a las instituciones a tomar cartas en el asunto y aprobar subvenciones, moratorias y ayudas –algunas, directas; otras, indirectas– para contribuir a la recuperación del tejido productivo y socorrer a las familias que han entrado en situación de vulnerabilidad.

Así, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis inmobiliaria de 2008, en esta ocasión Europa ha aparcado las políticas de austeridad y ha pedido a los Estados que se vuelquen en ayudar a los empresarios, autónomos y ciudadanos en general de sus países. De hecho, la Unión Europea ha puesto en marcha una especie de Plan Marshall con ayudas por más de 700.000 millones de euros, de los que 140.000 millones tienen a España como destino. También los gobiernos central y autonómicos han desarrollado diferentes medidas en forma de ayudas para aliviar la precaria situación de los sectores más dañados.

Y, como no podía ser de otra forma, las instituciones más cercanas al ciudadano, los ayuntamientos, también han hecho grandes esfuerzos, a pesar de sus endémicos problemas de financiación, para ayudar a sus vecinos. En este sentido, en este número especial por el aniversario de la declaración de pandemia mundial a cargo de la Organización Mundial de la Salud, incorporamos algunos ejemplos de la labor realizada por entidades municipales de la demarcación para socorrer a los que peor lo están pasando.

Incrementos en los presupuestos para atender las necesidades derivadas de la crisis, dotaciones especiales para los servicios sociales, ayudas a alumnos para paliar la brecha digital, exenciones fiscales a empresas, moratorias en el cobro de algunos tributos y tasas, gratuidad de plazas de aparcamiento, cesiones de espacio para la colocación de terrazas, fortalecimiento de las políticas de ocupación y de fomento del emprendimiento... Los entes públicos locales –ayuntamientos y Diputació– de la provincia han puesto en marcha todo tipo de fórmulas con las que ayudar a sus vecinos más golpeados.

Las dimensiones de la catástrofe hacen que aún sean insuficientes para apagar todos los fuegos, pero las ayudas institucionales han contribuido –y lo seguirán haciendo– a que el chaparrón sea un poco menos duro.

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