Los letrados del Congreso avalan por primera vez investigar al emérito

Los letrados del Congreso consideran que sí es posible abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre el uso de tarjetas opacas por parte del rey Juan Carlos. Lo comunicaron ayer a la Mesa en un brevísimo informe de apenas un párrafo. El órgano de gobierno de la Cámara Baja se reúne hoy miércoles para estudiarlo, y lo previsible es que, pese a todo, decida no someter al exjefe del Estado a escrutinio alguno. Pero la recomendación sitúa al PSOE en una situación muy incómoda frente a sus socios en el Ejecutivo y en el Parlamento.

No será la primera vez que los socialistas voten junto al PP en contra de una iniciativa semejante pese a la presión de Unidas Podemos, ahora, Izquierda Unida, antes, o fuerzas como ERC. La diferencia es que antes podían hacerlo, y lo hacían, amparándose en la opinión de los servicios jurídicos y ahora no cuentan con ese poderoso argumento. «Ya no hay excusa –apretó Pablo Echenique a través de un tuit–. A partir de ahora, la decisión es puramente jurídica».

La petición de abrir una comisión para indagar sobre las presuntas irregularidades cometidas por el padre del actual monarca al usar unas tarjetas de crédito opacas al fisco fue rechazada inicialmente por los letrados de la Cámara en diciembre, por una cuestión de forma. Unidas Podemos, con 35 diputados, la había registado en solitario y el reglamento exige tener al menos el respaldo de 50 diputados. Con el apoyo de ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, en cambio, ha logrado vía libre.

Hasta ahora todas la propuestas para que el Parlamento investigara al anterior rey habían sido rechazadas con el mismo argumento: que los actos realizados durante su mandato están protegidos por la inviolabilidad que concede al Jefe de Estado el artículo 56.3 de la Constitución y que el Congreso no tiene potestad para controlar a la Corona. Unidas Podemos replicaba en esta ocasión que su petición no se centra en hechos ocurridos durante el reinado de don Juan Carlos, sino en fechas posteriores a su abdicación en 2014 y que esos hechos le han llevado, no en vano, a tener que pagar a Hacienda casi 680.000 euros para regularizar su situación.

Posición inamovible

Conocida la nueva decisión de los letrados, el secretario primero de la Mesa del Congreso y dirigente de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, adujo, también en Twitter, que «nada justificaría» ya que se «hurte» al Parlamento de la posibilidad de investigar el patrimonio del rey emérito. Sin embargo, fuentes del PSOE adelantan que no tienen la más mínima intención de cambiar su posición, que se mantendrá inamovible. Eso significa que votarán otra vez junto al PP y Vox en contra. «El Congreso tiene tasadas su funciones en la Constitución y entre ellas no está el control al jefe o al exjefe del Estado», insisten. La actitud frente a la monarquía enfrenta desde el principio de la legislatura a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Por otra parte, Juan Carlos I conservará «vitaliciamente» el título de rey con carácter honorífico que adquirió tras su abdicación, según aseguró el Gobierno en una respuesta parlamentaria conocida ayer por la Agencia Efe. El Ejecutivo aseguró que el rey Juan Carlos conservará el tratamiento que recibe desde que dejó el trono ante la pregunta escrita que le formuló el senador de Compromís Carles Mulet de si el Ejecutivo piensa «revocar este título honorífico y vitalicio».