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La Fiscalía pide seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exconseller de Interior Miquel Buch por fichar de asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que siguiera ejerciendo como escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, una vez huido de España.
En su escrito de calificación, presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, el teniente fiscal Pedro Ariche acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Buch y al agente de los Mossos que hizo de escolta de Puigdemont, Lluís Escolà, para quien pide cuatro años y medio de cárcel como cooperador necesario.
La Fiscalía cree que el agente, que fue uno de los que organizó el "dispositivo clandestino" para que Puigdemont se marchara de España la noche del 29 de octubre de 2017, fue contratado como asesor de Buch en materia de sistemas de seguridad en un "acto de mera arbitrariedad" con el único propósito de procurar un servicio de escolta al expresidente catalán, "con cargo a fondos públicos".
El sueldo que Lluís Escolà percibió como asesor de Buch entre julio de 2018 y marzo de 2019 asciende a 52.721 euros, cantidad que la Fiscalía reclama que ambos encausados devuelvan al erario público por su "torticera conducta", por lo que pide que de momento se les fije una fianza de 70.283 euros.
Lluís Escolà fue hasta octubre de 2017 jefe operativo de la Unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos d'Esquadra, por lo que se encargaba de la coordinación y la planificación de seguridad de la actividad pública y privada de Carles Puigdemont.
Después de que facilitara la salida del expresident al extranjero desde su domicilio de Sant Julià de Ramis (Girona) sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió un expediente de investigación y, provisionalmente, le destinó a una plaza en la comisaría de Martorell (Barcelona).
No obstante, añade la Fiscalía, el mosso "no ejecutó un solo día de servicio activo" en ese puesto, en el que aprovechó días de permiso y de vacaciones para "prestar labores de custodia y seguridad" al expresident, que ya estaba procesado por rebeldía por el Tribunal Supremo.
Una vez Buch fue nombrado conseller de Interior en mayo de 2018, Puigdemont dirigió una carta a la Generalitat para reclamar los servicios de seguridad que corresponden a los expresidents y se reunió con él en Berlín, tras lo que la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, anunció en rueda de prensa que se había activado la tramitación de sus "prerrogativas de escolta".
La Dirección General de la Policía trasladó la petición a la Secretaría de Estado de Seguridad, pero "sin esperar respuesta alguna" Buch "decidió dar cumplimiento a lo precedentemente acordado" con Puigdemont y facilitarle un servicio de protección prestado por "personas de su estricta confianza a costa del erario público", a sabiendas de que había sido despojado por el Supremo de su condición de autoridad, añade el fiscal.
De esa forma, en julio de 2018 se cerró el expediente disciplinario abierto a Lluís Escolà y se le nombró asesor en materias de seguridad, puesto que el agente asumió tras presentar su alta médica, dado que llevaba más de tres meses de baja.
El mismo día en que se publicó su nombramiento y presentó el alta, el sargento viajó a París para "hacer acto de presencia acompañando en labores de protección y custodia" a Puigdemont, lo que tanto el expresidente catalán Quim Torra como otros miembros del Govern pudieron observar "de primera mano" en un acto que se organizó en Bélgica, sostiene el fiscal.
Entre el 27 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019, el agente no acudió ni un solo día a su lugar de trabajo, sino que, según detalla la Fiscalía, llevó a cabo hasta 18 viajes "fuera del territorio nacional, en los que se dedicaba a ejercer funciones de protección, escolta, custodia y asesoramiento" de Puigdemont.
De los 224 días que Escolà ostentó el cargo de asesor, precisa el escrito, "en 103 permaneció fuera de Cataluña (en países extranjeros) o en desplazamiento, en 20 se desconoce su ubicación y en otros 101 días se puede inferir que se encontraba en territorio catalán".
El Departamento de Interior aportó a la causa una serie de informes que habría elaborado Lluís Escolà en su cargo de asesor, pero el fiscal advierte de que carecen de registro de entrada y de firma, "versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar" -desde el yihadismo hasta la vigilancia nocturna- y están "plagados de generalidades" que se pueden obtener fácilmente en internet.
Escolà envió el 7 de marzo de 2019 un correo electrónico a Buch en el que le comunicaba su intención de cesar voluntariamente en las funciones de asesor del conseller de Interior.
