Aragonès, sobre la sedición: «Harán falta más pasos»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este viernes que el delito de la sedición «desaparece, queda eliminado» del Código Penal pero ha avisado de que harán falta más pasos para avanzar en la desjudicialización del conflicto catalán.

Lo ha dicho en una comparecencia en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, después de que el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que este viernes PSOE y Unidas Podemos presentarán una iniciativa legislativa en el Congreso para eliminar el delito de sedición del Código Penal e incluir otro tipo de «desórdenes públicos agravados».

Aragonès ha asegurado que la eliminación de la sedición es fruto de un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno, y ha defendido que ayuda a los condenados por el 1-O, ya que, si el Tribunal Supremo consideró que los hechos de 2017 no eran desórdenes públicos sino que eran sedición, ahora «no cambiará de opinión».

Feijóo: «Sánchez es un irresponsable»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado hoy la «irresponsabilidad» e «ingenuidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su decisión de derogar el delito de sedición «de la mano de los condenados» y ha advertido de que el independentismo «nunca, jamás, se conforma».

«Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España», ha lamentado Feijóo en las redes sociales, en las que se ha mostrado convencido de que «hay una mayoría social que no acepta más mentiras de este Gobierno ni más chantajes del independentismo».

Para el presidente de los populares, «es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma».

Por lo que asegura que los españoles tienen su palabra de que «juntos devolveremos a España la calidad democrática que se merece».

Feijóo ha respondido así ante el anuncio de Sánchez sobre que este viernes el PSOE y Unidas Podemos presentarán en el Congreso una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro delito de «desórdenes públicos agravados» y con penas más bajas.

Puigdemont: «No se desjudicializaría nada»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha lamentado que con la reforma del delito de sedición anunciada este jueves por la noche por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no se desjudicializaría nada» porque contempla igualmente penas de cárcel.

«Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum de independencia, qué más da si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho», ha argumentado en un apunte de Twitter.

Asimismo, ha opinado que las penas de prisión más bajas constituyen una «ganancia individual» pero no implican una mejora en el terreno político.

Además, Puigdemont ha acusado a Sánchez de ser --textualmente-- un maestro en el arte del engaño, por lo que ha abogado por leer muy bien la letra pequeña de la reforma: «Los ‘anuncios de Sánchez’ nunca son lo que parecen», ha avisado.

«Si el octubre de 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé dónde está la ganancia política de todo», ha zanjado.

Rechazo de la CUP

El diputado de la CUP Carles Riera ha rechazado la reforma y posible supresión del delito de sedición del Código Penal, y ha criticado a ERC por «vender como victorias políticas los juegos malabares» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha indicado Riera en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, la CUP va a rechazar la derogación del delito de sedición y la creación de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

Este mismo diputado de la CUP, que es también el secretario tercero de la Mesa del Parlament, ha advertido que el PSOE «es un trilero, y ERC se ha especializado en vender como victorias políticas los juegos malabares de Pedro Sánchez».

Considera, en este sentido, que el camino del PSOE y de ERC pasa «por buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado y por la estabilidad institucional».

En este contexto, Carles Riera ha opinado que «o bien ERC es muy ingenua o bien es algo peor y colabora conscientemente con esta política», que «pone dificultades al camino de la independencia».

Se ha preguntado qué beneficios pueden obtener de este cambio en el Código Penal los «expresos y los exiliados» independentistas catalanes, y ha insistido que «estamos ante un nuevo juego malabar del PSOE para contentar a ERC con migajas y que pueda aprobar los Presupuestos del Estado».

En clave de política catalana, Riera ha apuntado que si la CUP no quiso participar en la reunión sobre los Presupuestos de la Generalitat a la que le había convocado el Govern, es porque ve que este último «se ha apartado de los objetivos iniciales de la legislatura».

También porque, a su entender, ERC «está aplicando la agenda del reencuentro» y «la agenda social que es la del Gobierno español y la patronal».

Riera ha afirmado que «hay dos caminos, uno es el que lleva a la estabilización del Estado y nos aleja de la independencia, y el otro es de la ruptura con el Estado, y ERC ha elegido al PSOE» con la voluntad de «consolidarse en Cataluña como partido central».

Por este motivo, ha añadido este mismo diputado, «si no se produce un giro de 180 grados» la CUP llevará a cabo «una impugnación de la legislatura y está más cerca de la enmienda a la totalidad» a los Presupuestos.

Baja la pena máxima

La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados», con un máximo de ocho años de inhabilitación.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado en rueda de prensa antes de registrar esta propuesta que la reforma persigue modificar el concepto de un delito de sedición que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual.

Según la propuesta de reforma del Código Penal, la pena será de tres a cinco años e inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando el delito se cometa por una multitud «cuyo número, organización y propósito sera idóneo para afectar gravemente el orden público»; si los autores son autoridad, la pena de inhabilitación será de seis a ocho años.