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La campaña de Navidad llega a Tarragona en mitad de una colisión de competencias entre el Estado y la Generalitat en materia comercial. El pleno del Tribunal Constitucional (TC)suspendió tres artículos de la ley catalana de horarios comerciales tras admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. El ejecutivo de Rajoy presentó un recurso contra la ley al considerar que «vulnera» la legislación estatal al establecer un régimen horario «más restrictivo». «La regulación de la Generalitat vulnera la legislación estatal dictada en la materia al establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal aplicable en todo el territorio nacional en los siguientes aspectos», argumentó el Consejo de Ministros.
Según este, si bien la Generalitat de Catalunya tiene competencia para dictar su normativa autonómica y la ordenación de su comercio interior, debe tener en cuenta los «límites» establecidos en el artículo 149 de la Constitución, que concede al Estado la competencia para dictar normativa básica en la materia.
La Generalitat, indignada
La ley estatal permite abrir a los comercios un máximo de 90 horas semanales, mientras que la autonómica, ya suspendida, establecía un límite de 72 horas semanales. En esa diferencia de horas reside el gran conflicto entre administraciones, que arroja una situación enrarecida: con la suspensión de la ley catalana, está vigente la estatal, mucho más liberalizadora y que permite a los comercios abrir un máximo de 90 horas a la semana (esto, hasta 15 horas diarias, de lunes a sábado).
La Generalitat ha mostrado su indignación con la suspensión. El conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, anunció que defenderá el modelo catalán y que, pese a eso, no multará a los comercios que opten por cumplir la ley española, aunque sí realizará «una radiografía con voluntad estadística» de la evolución del sector.
La Confederació de Comerç de Catalunya constata el consenso en el sector catalán a favor de la legislación y critica la suspensión. «Las grandes cadenas, como Caprabo, Mercadona o Condis han dicho que no abrirán más allá de las 72 horas. Han dicho que lo respetarán. Lo más conveniente es seguir con el actual régimen de horarios. Se nos da una libertad de horarios que no queremos», explica Miquel Àngel Fraile, secretario general de la entidad. «No por abrir más horas se contratará a más gente ni habrá más ventas. Las estadísticas así lo reflejan», cuenta Fraile. En el fondo, la ley catalana protege al pequeño, con nula flexibilidad para tener que abrir más horas en el caso de que quisiera hacer la competencia a la gran superficie.
«Una gran compañía podría abrir más horas, sí, aunque igualmente han dicho en Catalunya que no lo harán. Un comercio pequeño no podría, porque no podría contratar a más gente. Al final también tenemos que pensar en el ecomercio de proximidad», asume Fraile, que añade: «La mayoría de comercios está adaptando la normativa catalana, como se acordó con sindicatos y organizaciones sindicales».
Las voces contra la suspensión de esos artículos son abundantes. «Se tienen que respetar las leyes de nuestro país, que protegen nuestro modelo comercial», admite Albert Abelló, presidente de la Cambra de Comerç de Tarragona. «La liberalización de horarios supondría una competencia muy fuerte para el comercio tradicional, que es el que da vida a todas las comarcas. Estamos de acuerdo con la legislación catalana y lamentamos la suspensión, admite Rafael Castells, secretario de la Cambra de Comerç de Valls.
Menos restricciones
Más allá de eso, existe otros puntos de colisión entre ambas leyes. Uno de ellos es las rebajas. En virtud de la ley estatal, vigente en Catalunya, un comercio de Tarragona podría comenzar hoy mismo las rebajas. La normativa estatal es completamente liberalizadora mientras que la catalana la restringe a periodos concretos (las tradicionales rebajas de invierno y verano). Así, la ley catalana establece dos periodos: del 7 de enero al 6 de marzo, ambos incluidos; y del 1 de julio al 31 de agosto. «En la práctica, la liberalización no influye. En Madrid, firmas como Mango o Inditex empiezan las rebajas el día 7 de enero y no antes», comenta Fraile.
Otro punto de conflicto: la normativa estatal, la que está imperando ahora en Catalunya, establece que pueden abrir todos los días del año los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados de superficie de exposición y venta (cualesquiera que sean los productos que vendan), excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa.
En el caso de la normativa catalana, esa superficie se limita a 150 metros cuadrados, y siempre que sean establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio. No hay, sin embargo, divergencias en lo que atañe a la apertura en domingos y festivos. Al no haberse suspendido toda la ley sino tres artículos, no resultan afectados los días establecidos. El Estado establecía una horquilla de entre un máximo de 16 días para abrir y un mínimo de 10. Aunque la ley catalana instauraba ocho días, añadía dos días adicionales de apertura a elección de los ayuntamientos.
Según informó el Tribunal Constitucional, la suspensión automática de la ley de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción se produce al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que dice que el Ejecutivo podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. El TC recuerda que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el alto tribunal resolverá en próximas fechas. La ley catalana permanecerá suspendida cinco meses.
