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Si una pandemia, un ciberataque o la caída de un meteorito pusieran en peligro los servicios esenciales, el Gobierno podría acogerse a la futura Ley de Seguridad Nacional y obligar a cualquier ciudadano a realizar determinadas prestaciones y confiscar sus bienes. ¿Vulneraría los derechos fundamentales? Responde un experto constitucionalista.
La norma, que modifica otra de 2015, superó el pasado jueves los vetos de los partidos independentistas con el apoyo del PP e inicia ahora una andadura en el Congreso que no será fácil por los recelos que despierta en la mayoría de los grupos parlamentarios, a pesar de que el Gobierno insiste en que se trata de cambios «puntuales».
Las críticas se centran principalmente en que la nueva ley puede violar derechos y libertades de los ciudadanos y competencias autonómicas, así como en las excesivas prerrogativas que concede al presidente del Gobierno.
Que se apruebe una ley de este calado no tiene que asustar «en absoluto», señala José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), porque una cosa es que afecte a derechos fundamentales, que sí lo hace, y otra es que se conculquen los mismos.
La seguridad nacional, ante todo
«Los derechos fundamentales no son intocables», afirma este experto, que advierte de que algunas veces hay que «ceder una parte para permitir vivir a toda la ciudadanía con el resto de derechos».
El proyecto de ley establece que cualquier persona física o jurídica está sujeta al deber de colaborar, personal o materialmente, en una situación de interés para la seguridad nacional si lo requieren las autoridades.
En concreto, cualquier ciudadano de más de 18 años puede ser obligado a realizar prestaciones personales sin derecho a indemnización, lo que, según el profesor Vera, «podría llegar a ser una vulneración de derechos pero no conlleva necesariamente que lo sea», ya que dependerá de las decisiones que se adopten.
La ley también prevé que las autoridades puedan requisar de manera temporal todo tipo de bienes, así como la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, la suspensión de actividades. En este caso, sí se indemnizará a las personas que sufran prejuicios patrimoniales.
Además, los medios de comunicación tendrán que colaborar con las autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante una situación de interés para la seguridad nacional.
El debate, según Vera, está entre cómo el Estado puede contar con los ciudadanos para poder hacer frente a determinadas situaciones y, a la vez, proteger sus derechos, algo que, según reconoce, es «difícil de articular», pero muchas veces «no se trata solo de la normativa sino de cómo se aplica», incide.
Leyes de este calibre existen en casi todos los países, señala el catedrático, que precisa que el legislador siempre pretende poner los máximos límites a la actuación del Gobierno porque éste tiende a «pasarse de rosca».
No obstante, reconoce que más allá de la teoría, en casos de emergencia se tienen que tener instrumentos para poder tomar decisiones e insiste en que es muy difícil de regular, venga de un Gobierno del PSOE o del PP.
Este partido ya advirtió de que su apoyo a tramitar la ley no era un cheque en blanco y denunció que tal como está redactada «el señor Pedro Sánchez puede confiscar tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica, quedando todo al albur del señor presidente».
Precisamente el exceso de poder del jefe del Ejecutivo, al que la ley le otorga la potestad de dictar directamente el real decreto de declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, es otra de las críticas.
En este sentido, el profesor incide en la necesidad de que se disponga de un mando único: «Es de sentido común que no vaya cada uno por su lado».
A su juicio, la mayor parte de las decisiones que se tienen que adoptar en estas situaciones tienen que ser «absolutamente rápidas», aunque luego se tenga que responder. «Lo normal es que la decisión esté en unas manos muy definidas, no del legislativo». considera.
Aunque la ley contempla que la contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades, que intervendrán en las fases de planificación y gestión, la posible vulneración de las competencias autonómicas es una de las causas del rechazo de los partidos nacionalistas y motivó la presentación de las dos enmiendas a la totalidad por parte de ERC y Junts.
