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La Audiencia de Barcelona absuelve a García Albiol en el caso de las antenas irregulares

La sentencia absuelve a los otros tres acusados -un exgerente, un jefe servicio y un arquitecto del Ayuntamiento de Badalona- así como a las empresas Vodafone y Movistar

17 enero 2025 11:45 | Actualizado a 17 enero 2025 11:49
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La Audiencia de Barcelona ha absuelto al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, del delito de prevaricación del que le acusaba la Fiscalía por permitir la instalación de unas antenas de telefonía en el municipio en 2012, sin las preceptivas licencias.

En su sentencia, la sección quinta concluye que no hay indicios para condenar por prevaricación a García Albiol, para quien la Fiscalía pedía una pena de dos años y diez meses de prisión y otros diez de inhabilitación porque no consta que el alcalde supiera que las antenas carecían de permisos administrativos.

La sentencia absuelve a los otros tres acusados -un exgerente, un jefe servicio y un arquitecto del Ayuntamiento de Badalona- así como a las empresas Vodafone y Movistar, a las que la Fiscalía sentó en el banquillo como responsables a título lucrativo por el beneficio obtenido al instalar las antenas sin licencia.

En la práctica estaban ya absueltos los otros dos acusados -Miguel Jurado, exconcejal de Seguridad de Badalona y ahora regidor popular en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y Oriol Lladó, ex primer teniente de alcaldía de ERC durante el mandato de Dolors Sabaté- puesto que la Fiscalía -única acusación- retiró los cargos contra ellos al final del juicio.

No hay pruebas de que supiera de las antenas

Tras recibir la sentencia junto al resto de acusados este viernes, el alcalde de Badalona ha abandonado la Audiencia de Barcelona visiblemente ufano y levantando el dedo pulgar en señal de victoria. Posteriormente, está previsto que atienda a los medios desde el ayuntamiento.

En su sentencia, la sala mantiene que no hay discusión alguna sobre el hecho de que las antenas se instalaron en 2012 en unos terrenos situados en las dependencias de la Guardia Urbana de Badalona y calificados como equipamiento comunitario para uso cultural, sin haber obtenido "ningún tipo de licencia o permiso municipal".

Sin embargo, considera el tribunal que no existe "prueba ni indicio" alguno, ni en las declaraciones de los testigos ni en la documentación, de que García Albiol "conociese siquiera el propósito de instalar las antenas, y mucho menos que él tomara la decisión de autorizarlo".

Tampoco consta, según la sala, que el alcalde "llegara a conocer nunca la ilegalidad de la instalación": solo supo de su existencia por una reunión con representantes sindicales de la Guardia Urbana en la que estos le expresaron su inquietud por las radiaciones generadas por las antenas, no por la falta de permisos.

La sentencia también subraya que no hay pruebas de que las instancias que se presentaron en el ayuntamiento por la falta de licencias de las antenas fueran conocidas por García Albiol. "Por el contrario, los testigos han declarado que la mayoría de las instancias se derivaban de los departamentos correspondientes y no llegaban al alcalde", apostilla.

Los técnicos tampoco son responsables

Para el tribunal, no "puede afirmarse que García Albiol debiera haber observado una conducta diferente a la que mantuvo" ya que no había razones para suponer que las antenas estaban en situación irregular y, además, "sería absurdo pensar que el alcalde de una ciudad como Badalona ha de comprobar la legalidad de todo aquello sobre lo que se le hace algún comentario".

Respecto a los técnicos municipales acusados, la sala concluye que no se les puede imputar un delito de prevaricación por no haber abierto expedientes de disciplina urbanística o medioambiental a raíz de las licencias ilegales, puesto que "la no persecución de una infracción administrativa no constituye delito de prevaricación".

En el caso de Josep D.V., exjefe de servicios en la etapa de Dolors Sabaté -de Guanyem Badalona en Comú y que en 2015 sucedió a García Albiol en la alcaldía-, la sentencia añade que mantuvo reuniones con varias personas para "solucionar el problema", entre quienes se encontraban responsables del departamento de Patrimonio a los que correspondía resolver sobre la concesión de las licencias.

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