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    La Eurocámara señala al Gobierno como responsable del espionaje a independentistas

    El documento, que deberá ser aprobado en la comisión parlamentaria por los grupos políticos europeos, apunta a que se usó Pegasus para espiar «a un gran número de objetivos» en España

    08 noviembre 2022 19:31 | Actualizado a 08 noviembre 2022 19:35
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    El Gobierno estuvo detrás del espionaje a independentistas catalanes. Así lo indica al menos un informe preliminar de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo, que destaca además que las autoridades españolas «fueron probablemente el primer cliente europeo del grupo NSO», compañía israelí creadora de Pegasus y que solo vende su tecnología a Gobiernos, en ningún caso a empresas privadas.

    El mismo informe señala a Marruecos como responsable del espionaje al presidente Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

    El documento, que deberá ser aprobado en la comisión parlamentaria por los grupos políticos europeos, apunta a que se usó Pegasus para espiar «a un gran número de objetivos» en España. De este modo, se cree que Rabat estuvo detrás del ataque al jefe del Ejecutivo y a los ministros, «en un caso similar al del presidente francés y su Gobierno», apunta.

    Este espionaje habría tenido lugar en medio de la crisis entre ambos países desatada por la llegada de miles de migrantes en tan solo unas horas a la playa ceutí de el Tarajal.

    ‘Catalangate’

    En el caso del ‘CatalanGate’, que afecta a parlamentarios y europarlamentarios catalanes, así como a abogados y miembros de organizaciones civiles, «65 personas fueron espiadas», según el informe. «Las autoridades españolas admitieron las escuchas a 18 de esas 65 víctimas bajo autorización judicial», añade el documento. Se destaca además que Madrid «ha dado poca información de su rol» en este caso, «alegando la necesidad de confidencialidad en materias de seguridad nacional».

    Un análisis en profundidad indica, sin embargo, «un patrón claro» en los ataques, «que coincide con momentos de relevancia política», como casos judiciales contra separatistas catalanes, mítines y otras comunicaciones. «Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se divulgan, no es posible establecer de qué manera constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional», concluye el informe.

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