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El pasado miércoles, el Parlamentadmitió a trámite la ley que reforzará la plantilla de la Agència Tributària de Catalunya, que debe ser el embrión de la futura Hisenda catalana, la más importantes de las «estructuras de Estado» que diseña el Govern de la Generalitat, ya que sin financiación cualquier Estado es inviable.
La Agència cuenta ahora con 324 trabajadores en toda Catalunya, 32 de ellos en la delegación de Tarragona. El conseller Andreu Mas-Colell lanzó un guiño soberanista al admitir que el objetivo de la ley es preparar a la Agència «para lo que pueda acontecer» tras las elecciones del 27 -S.
¿Cómo podría ser esa Hisenda catalana? Estas son sus claves, según sendos informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional, los dedicados a la «Viabilidad fiscal y financiera» de una Catalunya independiente y a la «Administración tributaria».
¿Cuánto costaría?
Entre 400 y 750 millones. Dice el informe:«De acuerdo con el coste medio de la recaudación tributaria en los países de la OCDE, para una recaudación potencial de 70.000 millones de euros (incluidas las cotizaciones sociales), podríamos estimar los costes totales de administración del sistema tributario de Catalunya en unos 750 millones de euros. No obstante, el objetivo debería ser alcanzar los índices de eficiencia (para poder trabajar) con un presupuesto de gasto en torno a los 400 millones de euros».
¿Qué personal necesitaría?
El Consell Assessor alude a un informe de la Comisión Europea que fija el baremo en 1.000 empleados públicos dedicados a la gestión tributaria por cada millón de habitantes, lo que en Catalunya correspondería a unos 7.000. El propio informe explica que entre Diputaciones, Ayuntamientos y los empleados en Catalunya de la Agencia Tributaria española ya hay 5.000 empleados dedicados a gestionar impuestos.
¿De dónde se sacaría el personal?
El informe sugiere ofrecer expresamente a los trabajadores de la Agencia Tributaria española ‘pasarse’ a la catalana, así como a los de otras administraciones. No explica si la Diputació de Tarragona, por ejemplo, debería sustituir a los funcionarios que se ‘fugasen’ a la Hisenda catalana.
Informaciones periodísticas revelaron recientemente que el Ministerio de Hacienda ha denegado la comisión de servicio que le habían solicitado 25 subinspectores para incorporarse a la Agència Tributària. Hubiesen cobrado 600 euros adicionales al mes. Pero Hacienda no quiere dar facilidad alguna a Hisenda.
¿Cuánto recaudaría la Hisenda catalana?
Según los cálculos del informe, que cuantifica un PIB de unos 200.000 millones de euros anuales y aplica la misma presión fiscal de España durante los últimos cinco años, son 70.000 millones de euros, incluyendo todos los conceptos fiscales. El informe advierte que si se aplicase la presión fiscal media de la Unión Europea los ingresos aumentarían a 80.000 millones. Y si se aplicaran los impuestos más altos la recaudación sería de 100.000 millones.
El Consell Assessor parte de la premisa de que una Catalunya independiente seguiría generando la misma riqueza. Una premisa indemostrable en un sentido u otro. Recientemente un informe de ‘Empresaris de Catalunya’, una entidad contraria a la independencia, aseguró que, en caso de secesión, el PIB de Catalunya caería un 11% ya que numerosas empresas se marcharían y el paro llegaría al 30%.
Según advierten dichos empresarios, el mercado de 45.000 millones de euros de Catalunya con España caería en picado «por cuestiones emocionales y los inversores extranjeros, entre invertir fuera de Europa o en Europa, lo tienen muy claro», en alusión a que una Catalunya independiente saldría de la Unión Europea (algo que ha admitido hasta el president Artur Mas)y debería solicitar su reingreso.
¿Se subirían los impuestos?
El propio informe ya plantea la posibilidad de aumentar la recaudación, pero cobrar más o menos no depende del diseño tributario sino de quién se siente en el Palau de la Generalitat.
Lo que nos puede dar una pista es la situación actual. La justificación es que la crisis ha hecho disminuir los ingresos de la Generalitat y el «ahogo financiero» al que, según los soberanistas, somete España a Catalunya, pero lo cierto es que, desde 2007, la Generalitat se ha ‘inventado’ diez impuestos más. En 2o14 legisló el impuesto sobre la producción termonuclear de energía eléctrica, sobre las emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial, sobre los operadores de Internet y sobre los pisos vacíos (en fase de tramitación).
¿Cuál es la filosofía del sistema catalán?
La futura Hisenda catalana pretende cambiar el concepto que tiene la Hacienda española que considera al ciudadano como un simple contribuyente. La idea es que los ciudadanos se convenzan de que, si pagan, contribuyen al bien común.
El modelo no sería de tributación sino de contribución y basado en la confianza y con una mayor presencia del sector privado. Por eso defiende la creación de un Consell Fiscal de Catalunya, donde los «intermediarios fiscales», es decir, gestores, economías, graduados sociales... (en suma los que suelen ‘redactar’ las declaraciones de renta) tuvieran presencia y pudieran opinar sobre las leyes fiscales y prestarse a aconsejar a sus clientes que cumplan sus obligaciones fiscales.
¿Se pagaría o habría fraude fiscal?
El informe admite que el gran problema que puede tener la Hisenda catalana es disponer de los datos fiscales de los ciudadanos. Si la independencia fuese pactada, se los pasaría la Hacienda española. Pero si no, confía en que fuesen los propios catalanes quienes informasen de sus datos.
La confianza es plena. Hasta el punto de que el informe afirma textualmente que «si tras más de tres siglos de pagar tributos al Estado español, los catalanes y las catalanas perciben que su esfuerzo económico revierte directamente en una mejora de las condiciones de vida de las personas que viven y trabajan en Catalunya, y que los recursos públicos se administran de manera transparente y responsable, es posible que mejore considerablemente el porcentaje de cumplimiento voluntario, lo que facilitaría muchísimo la implementación de la Administración Tributaria del Estado propio».
