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Pocos minutos después de las tres de la tarde, Carles Puigdemont salía triunfante del Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña, donde un juez tenía que decidir si lo dejaba en libertad o lo extraditaba a España después de que fuera detenido el pasado 23 de septiembre a su llegada a esta isla italiana y pasara poco menos de un día en la cárcel.
Ante la coincidencia en las posiciones de la Fiscalía y de la defensa, el magistrado Salvatore Marinaro decidió suspender el caso a la espera de que la Corte de la Unión Europea se pronuncie sobre la situación de su inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
El expresident de la Generalitat, de esta manera, mantiene su libertad de movimientos, que no tardó en aprovechar para saludar efusivamente al grupo de independentistas sardos que le jalearon a la salida del tribunal de Sassari. Era su enésima victoria ante la Justicia española,
Puigdemont estuvo acompañado por el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, y por los exconsellers Clara Ponsatí y Antoni Comín. Cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se enteró por los medios de comunicación de que Ponsatí y Comín habían viajado a Italia, se apresuró a pedir a la Justicia italiana que ambos fueran igualmente detenidos y extraditados. Según informaron fuentes del Supremo, Llarena recordó al Tribunal de Apelación de Sassari que la situación de ambos es similar a la de Puigdemont, al pesar sobre todos ellos «la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros». Su petición cayó en saco roto. Otra vez.
El letrado italiano del equipo de abogados de Puigdemont, Agostinangelo Marras, fue el encargado de anunciar la decisión a los medios que el tribunal de Cerdeña «ha suspendido la decisión a la espera de que se definan dos cuestiones preliminares en la corte europea: la relativa a la inmunidad de Puigdemont y la relativa a la competencia del juez español para adoptar una medida como la que ha tomado. El procedimiento no está archivado, sino suspendido a la espera de estas dos decisiones». El abogado también aclaró que el tribunal había rechazado la petición del letrado de Vox para personarse en el proceso.
Crecido después de la decisión de la Justicia italiana, Puigdemont ofreció una conferencia de prensa en la ciudad sarda de Alguer, en cuyo aeropuerto fue detenido hace doce días, para recordar que tres países europeos, Bélgica, Alemania y ahora Italia, le habían dejado en libertad.
Puigdemont advirtió al PP y al PSOE que la «única manera» de cumplir sus promesas de lograr su extradición pasaría por incumplir la ley: «¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?».
El expresident replicaba así al presidente del PP, Pablo Casado, que el domingo garantizó que su partido le traerá ante el Tribunal Supremo, aunque para ello tenga que «viajar hasta el último país de Europa». Puigdemont recordó que eso «mismo» dijo en campaña electoral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y advirtió: «Los dos han hecho promesas políticas de que me extraditarán. No sé cómo lo piensan hacer cumpliendo la ley, porque las dos únicas maneras que tienen para hacerlo son ilegales».
Una vía, dijo, sería «intervenir como políticos en decisiones que pertenecen al poder judicial», lo cual sería «feo», y la otra sería «más peligrosa» porque implicaría volver a los tiempos en que «desde el Estado español se financió la guerra criminal contra ETA».
«Casado y Sánchez solo tienen estas dos vías para cumplir su promesa electoral, y las dos los dejan fuera de la UE», alertó Puigdemont, que denunció que «PP y PSOE comparten el mismo compromiso».
«Hay que decir basta a España»
«Es el momento de decirle a España y lo diré en italiano: ¡Basta! Basta de seguir un camino que no le da ningún resultado positivo. Un camino que dificulta una resolución política a un conflicto político», clamó el expresidente de la Generalitat, que acusó a España de hacer un uso político de los procedimientos judiciales.
Flanqueado por Marras y por su abogado principal, Gonzalo Boye, Puigdemont aseguró que estaba «muy contento» por la decisión del tribunal de Sassari, aunque se la esperaba, por lo que estaba «tranquilo».
Alternando el catalán con el inglés y el italiano, remarcó una vez más que su caso es «un problema europeo» y abogó incluso por la expulsión de España de la Unión Europea. «Es el momento de preguntarse si España sigue siendo miembro o si hay excepción en el Estado de derecho europeo», dijo para subrayar que los criterios de los tribunales españoles en su caso son rebatidos en las instancias judiciales de otros países europeos.
«La reputación de uno de los pilares de derecho, el poder judicial, queda muy tocado, deteriorado. Y esto no es bueno para nadie, tampoco para la UE. Es un consejo que beneficiaria a todos que España frenara esta deriva», recalcó.
Para Puigdemont, «lo que debería y podría hacer España es cumplir lo que le aconseja el Consejo de Europa: que deje de perseguir, retire las euroórdenes y acabe con la politización del poder judicial».
Aunque «a cada victoria» judicial en Europa ve «más cerca» su regreso a Catalunya, rehusó poner fecha a su retorno. «El Estado español no quiere que regresemos como ciudadanos libres, y nosotros queremos volver como ciudadanos libres», remarcó.
Según Puigdemont, el Estado español «sobresale» en la «tradición de persecución de minorías nacionales» y, en su caso, se siente perseguido por sus «ideas políticas» independentistas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, elogió la decisión de la justicia italiana de dejar en libertad a Puigdemont e insistió en que una ley de amnistía «es absolutamente necesaria» para que «puedan retornar todos los exiliados y se pongan fin a todas las causas».
