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Modou, un senegalés que vive desde hace ocho años en Vila-seca, puede respirar tranquilo, al menos de momento. Sólo 14 días después de haber sido padre de una niña, estuvo cerca de ser deportado a su país de origen en uno de los vuelos organizados para tal efecto por el Gobierno central. Sólo la intervención ‘in extremis’ de abogados y activistas de la plataforma Cerremos los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) detuvieron en el último momento su devolución.
La tarde previa a la salida de su vuelo, sus abogados, con el apoyo de esa red de activistas, presentaron medidas cautelarísimas. A las nueve de la noche del mismo día, el juzgado de instrucción 3 de Tarragona confirmó la suspensión de su deportación y se interrumpió en el último momento ese proceso de expulsión exprés, un procedimiento que, según denuncian algunas entidades, es cada vez más común.
Modou, sin antecedentes
«Se ha notado un incremento importante a lo largo de todo el año pasado. Lo atribuimos a varios factores. Uno es que al Gobierno le está saliendo caro el mantenimiento de los CIE, tanto a nivel económico como social, por la imagen. Hacen números y eso les lleva a cambiar la estrategia para expulsar ultrarrápido. Se valora deportar cuanto más mejor, sin garantías jurídicas», sostiene Francisco Solans, abogado y presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
Modou, sin antecedentes penales, estaba en situación irregular y pesaba sobre él una orden de expulsión desde septiembre de 2013. «Mi mujer sí tenía todos los documentos y los papeles reglamentarios», indica Modou, ahora desde la provincia de Zaragoza, adonde ha viajado en busca de trabajo. Acudía cada día a las 10.00 horas a firmar a la comisaría de la Policía Nacional. Justo en la semana de los hechos, tenía una cita en la Subdelegación del Gobierno de Tarragona para seguir los trámites del expediente por arraigo y continuar con el proceso de regularización que había comenzado.
Sin previo aviso, en esa visita que hizo el martes 18 de noviembre, la Policía Nacional –en este caso, de Reus, según apunta la plataforma Tanquem els CIE– aprovechó el momento de la firma para detenerle e intentar deportarle en el vuelo que se estaba preparando. Ahí se activó la operación: fue trasladado a Barcelona, en concreto al CIE de la Zona Franca, mientras la familia ya pensaba que no le volvería a ver.
‘Se hace con secretismo’
Las críticas a esos protocolos están siendo cada vez más duras. «Llegan al extremo de ejecutar la expulsión sin ni siquiera la intervención de un juzgado. Una de las intenciones es impedir nuestro trabajo, tratando de que no intervengamos. Muchas veces se hace con secretismo, pero el incremento es alarmante, se está haciendo de forma avasalladora», admite Solans. «La policía lo puede hacer todo rapidísimo. Hablamos de extranjeros que llevan aquí un montón de años, y algunos ni siquiera son conscientes de que tienen una orden de expulsión. Son procedimientos muy contundentes, de personas que salen de su casa y su familia ya no vuelve a saber nada. Se encuentran expulsados, con la vida rota», añade Solans.
‘No hay derecho a defensa’
Las entidades que defienden los derechos de estas personas denuncian que se llevan a cabo auténticas campañas para llenar los vuelos por nacionalidades. «Denunciamos que este tipo de operaciones se realizan sin ningún tipo de garantía procesal, en el que no se puede ejercer prácticamente el derecho a defensa», cuenta Marc Serra, miembro de la comisión jurídica de la asociación Tanquem els CIE. En ocasiones el objetivo es recabar documentación que demuestre el arraigo de la persona y presentar un escrito de urgencia al juez.
«Hemos detectado prácticas policiales muy discutibles –continúa Serra–. A veces llaman directamente a la persona, se le dice que hay una novedad en su caso y que se tiene que presentar en comisaría. Cuando llega aprovechan para detenerle y expulsarle. Todo se hace con tanta velocidad que para un juez es imposible saber cuál es la situación de esas personas, y eso hace que se puedan acabar cometiendo barbaridades, como en el caso de Modou. Al final acabas teniendo menos garantías que en un CIE, donde dispones de tu abogado y puedes hacer un recurso. Es algo perverso», indica Marc Serra.
Redadas de perfil étnico
La plataforma acusa a la policía incluso de hacer redadas por perfil étnico cuando en los CIE no hay suficientes personas para llenar los aviones. La entidad denuncia un goteo constante de casos. «Es algo generalizado que se da en muchos sitios. Cada mes se dan decenas de casos. Ahora se está empezando a romper el silencio mediático que existía y se va dando a conocer la situación», añade Serra.
«Hay una situación de indefensión total. La única política es sacarse a la gente que no sea productiva, no hay una política de facilitarles las cosas. Estas expulsiones ocurren con sordina, de una manera subterránea, pero son casos flagrantes. Incluso Europa ha advertido a España de lo que está haciendo», denuncia Carlos Iaquinandi, presidente del centro latinoamericano de Reus.
«La gente que devuelven a sus países se ha pasado años viajando, han dormido al raso, han pasado mucha hambre… y cuando llegan aquí les deportan», lamenta Amedée Ladje, camerunés afincado desde hace años en Tarragona, haciendo alusión también a las devoluciones en caliente que se practican en la frontera.
Estas expulsiones exprés, sin apenas tiempo de reacción, son ya más numerosas que las deportaciones realizadas desde los centros de internamiento. En 2013, la Policía hizo 6.462, frente a las 4.726 devoluciones desde los CIE, según desveló el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu. Es la primera vez que el Ministerio del Interior hace públicos esos datos, sin detallar los de otros años.
En la plataforma Tanquem els CIEel regusto, tras las paralizaciones exitosas de las dos devoluciones, es agridulce. Así se expresa la entidad: «Mientras celebramos que se han paralizado estas deportaciones no podemos dejar de preguntarnos, ¿de cuántos Modou no tenemos noticia? ¿cuántas personas anónimas, invisibles para la opinión pública, serán expulsadas a la fuerza y de forma totalmente injusta –y seguramente ilegal– en el macrovuelo destino Dakar?».
