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El TC anula la ley del 1-O por su «daño irreparable» a la libertad de los catalanes

El Pleno por unanimidad sentencia que la norma del referéndum aprobada por el Parlament ha provocado una «grave quiebra» legal

Mateo Balín

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La Ley del Referéndum de Autodeterminación del 1 de octubre, aprobada el 6 de septiembre por el Parlament por mayoría simple de los partidos independentistas, ha supuesto un «daño irreparable» a la libertad de los catalanes y una «grave quiebra» legal que deslegitima la misma autoridad de la Generalitat. El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró ayer la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la ley que sustentó la consulta del 1 de octubre, suspendida de forma cautelar un día después de su aprobación tras un recurso de la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno. La corte de garantías estimó así el recurso presentado por la Abogacía y afirmó en su sentencia que la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera «la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española».

En una resolución de 46 páginas, los magistrados sostienen que durante la tramitación de la ley el Parlament incurrió «en muy graves quiebras» del procedimiento legislativo, afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante sus representantes elegidos.   

La sentencia asevera que «un poder que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento». El texto analiza los vicios de inconstitucionalidad denunciados por la Abogacía del Estado desde tres distintas perspectivas: la competencial, la sustantiva y la relativa a la tramitación parlamentaria. Vencido el plazo para ello, ni el Parlament ni el Gobierno de la Generalitat formularon alegaciones a la misma.

Con respecto a la inconstitucionalidad competencial, la sentencia recuerda que el instituto del referéndum es un cauce para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos sobre el que el Estado tiene una competencia exclusiva. La corte de garantías considera que la ley en su conjunto es, «con toda evidencia», inconstitucional al contrariar explícitamente principios esenciales de nuestro ordenamiento: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Catalunya.   

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