Más de 300 quejas por violencia obstétrica desde 2022: “Para ellos dilataba lento, querían irse”

Los centros del sistema sanitario público han registrado 333 reclamaciones tipificadas como violencia obstétrica entre 2022 y 2024, según datos obtenidos por la ACN a través de la ley de transparencia. Son quejas relacionadas con una atención inadecuada durante el parto o la denegación del derecho al acompañamiento, entre otros motivos.

A Judit le practicaron una cesárea no indicada médicamente, aunque su caso no forma parte de este registro porque dio a luz en un hospital privado. “Para ellos dilataba demasiado lento, era viernes y querían irse”, explica. En los últimos años, Cataluña ha dado pasos para escuchar a las mujeres, y las expertas destacan esta voluntad de cambio ante un fenómeno “complejo” y “estructural”.

Judit acaba de recibir el expediente sancionador del Departamento de Salud, que le da la razón sobre cómo se produjo el nacimiento de su hijo hace dos años, tras un embarazo de bajo riesgo: no dio su consentimiento específico para la inducción del parto y la cesárea no estaba indicada por motivos clínicos. Sobre esta notificación, expresa: “Es un alivio. No soy una histérica ni me lo imaginé. Hasta ahora, cuando presentaba quejas, siempre parecía que era yo contra la ginecóloga y le daban la razón por ser la doctora”.

En una entrevista a la ACN, explica que se dio cuenta de que su parto en el Hospital Quirónsalud Barcelona no había sido respetuoso cuando, semanas después, vio una noticia que indicaba que se practicaban más cesáreas los viernes que los lunes. “Creía que mi cesárea era necesaria, pero no pude quitarme esa información de la cabeza. Pedí la historia clínica, hablé con profesionales, solicité un peritaje y entonces empecé a presentar quejas”, relata.

Judit no disponía de un plan de parto, porque le dijeron que no era necesario, y desde su llegada al hospital no recibió información en varios momentos. Explica que la presionaron para ponerle la epidural e iniciar la inducción; aprovecharon el gotero para administrarle oxitocina y le aplicaron la maniobra de Kristeller, que está contraindicada. Según consta en la historia clínica, le realizaron siete tactos vaginales en menos de ocho horas, a pesar de ser una exploración invasiva que no debería hacerse de forma rutinaria. La ginecóloga y la matrona le indicaron que le harían cesárea porque no avanzaba la dilatación y, cuando ella pidió esperar, dejaron pasar media hora antes de llevarla a quirófano.

“No participé en nada (...). Te dicen que vas lenta, que no avanzas y lo dejas hacer todo porque quieres que el bebé esté bien. Consentí ir a quirófano porque me dijeron que el bebé se estaba quejando en los monitores, pero en la historia clínica no aparece pérdida de bienestar fetal. Si me hubieran dicho que tenían que cortarme la pierna, habría respondido que sí”, recuerda, y añade: “Confías ciegamente en lo que te dicen. No puedes cuestionarlo: primero, porque no sabes, y segundo, porque todo ocurre muy rápido”.

Tras esta experiencia, Judit ha sufrido ataques de ansiedad y estrés postraumático, por los que ha necesitado atención psicológica y psiquiátrica. “Cuando te das cuenta de que no era necesario pasar por todo esto, lo vives como una agresión”, concluye. Cabe destacar que no se cuestionan las cesáreas indicadas por patologías previas u otras urgencias.

A pesar del apoyo de su pareja y su entorno cercano, otras personas no lo han entendido. “Me preguntaban: ‘Si estáis bien, ¿para qué todo esto?’ Pero el tema es que yo no he estado bien, lo he pasado muy mal”, advierte Judit, que no quiere que otras mujeres pasen por lo mismo.

El Departamento de Salud ha abierto un proceso sancionador para multar con 6.000 euros al Hospital Quirónsalud Barcelona, que tiene unos días para presentar alegaciones. Desde el centro indican que las dos profesionales que la atendieron ya no trabajan allí y aseguran que el caso no representa la forma habitual de gestionar los partos.

Del reconocimiento normativo a las comisiones en hospitales

Calificar de violencia obstétrica ciertas prácticas clínicas o situaciones relacionadas con la concepción, anticoncepción, embarazo, parto, puerperio y lactancia ha sido tradicionalmente polémico entre especialistas. Sin embargo, Cataluña se ha posicionado en los últimos años para prevenir y eliminar estas situaciones, un compromiso político y profesional precedido por años de activismo de mujeres organizadas para romper el silencio.

Para Marta Busquets, abogada y presidenta de la Asociación Catalana por un Parto Respetado – Dona Llum, el cambio “más importante” en los últimos años ha sido un mayor conocimiento de la sociedad sobre esta realidad: “Cuando entré a Dona Llum a través de mi propia experiencia, hablar de violencia obstétrica dejaba a la gente muy sorprendida”.

La ley catalana de 2020 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista reconoce de forma pionera la violencia obstétrica y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Se define como la impedición o dificultad de acceso a información veraz y necesaria para la toma de decisiones autónomas e informadas, así como las prácticas ginecológicas y obstétricas que no respetan el cuerpo, la salud y los procesos emocionales de la mujer.

La doctora en Antropología Médica Serena Brigidi, especialista en el tema, señala que aunque el término remite a la profesión médica, el fenómeno es “mucho más complejo” y se trata de una violencia “estructural” e “institucional”.

Brigidi, profesora lectora del Departamento de Antropología de la Universitat Rovira i Virgili, ha estudiado que la violencia obstétrica tiene tres ámbitos:

Sobre la comunicación, Brigidi destaca que debe ser real para que la mujer pueda entender lo que está pasando.

En la legislatura pasada, el Gobierno impulsó un grupo de trabajo con expertas y elaboró el Plan para el abordaje de la violencia obstétrica (2023-2028). En este marco se realizan formaciones, acciones de sensibilización y se han creado comisiones en hospitales para revisar posibles casos.

“El hecho de que las quejas y reclamaciones de las mujeres sean escuchadas es significativo. Que haya comisiones internas de violencia obstétrica en hospitales es una revolución de lo que Cataluña ha puesto en marcha”, destaca Brigidi. Para Gemma Falguera, coordinadora del grupo de trabajo de violencia obstétrica de la Asociación Catalana de Matronas, todas estas acciones representan un “gran paso” porque “institucionalmente se ha puesto el foco en el problema”.

Poner datos al silencio

Otro cambio es que el sistema de información del CatSalut comenzó en 2022 a recopilar las reclamaciones motivadas por violencia obstétrica en los centros públicos.

Según datos consultados por la ACN, las situaciones tras las reclamaciones son muy diversas. Entre los principales motivos:

Además, el Hospital Vall d’Hebron y el Germans Trias i Pujol de Badalona, ambos de titularidad pública del Institut Català de la Salut (ICS), han puesto en marcha comisiones de violencia obstétrica para trabajar en la prevención. Según informa Salud, también se ha creado una nueva comisión territorial liderada por el Hospital Arnau de Vilanova en Lleida, un centro que había recibido quejas por las condiciones del área de obstetricia, principalmente por la falta de intimidad. Salud ha anunciado obras para mejorar el espacio.

La doctora Silvia Arévalo, jefa clínica de Obstetricia de Vall d’Hebron, destaca que el objetivo de la subcomisión de violencia obstétrica cero del hospital es “dar voz a las pacientes”, lo que implica que “cada caso que se reporta se analiza para tomar actuaciones y cambios en los protocolos y mejorar la atención, que es el objetivo final”.

Esta obstetra reivindica otras iniciativas del hospital, como la cesárea provincial, para que una mujer que debe dar a luz en quirófano pueda vivir el proceso adaptado a ella y a su familia. “Estamos evolucionando, pero siempre con evidencia científica y con seguridad para la madre y el bebé”, subraya. Detrás de estas iniciativas también está el impulso de la doctora Elena Carreras, jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología de Vall d’Hebron hasta su jubilación y referente en perspectiva de género en la salud en Cataluña.

La Sociedad de Ginecología y la Asociación de Matronas participan del cambio

Las expertas destacan los grupos de trabajo de violencia obstétrica de la Asociación Catalana de Matronas (ACL) y de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG). Esta sociedad, junto con el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC), emitió en 2021 un comunicado desmarcándose de sus homólogos españoles, que rechazaban el término de violencia obstétrica.

En el comunicado, advertían del rechazo que generaba el concepto entre la mayoría de profesionales de la salud, pero también reconocían que había sido adoptado por la ONU y la Comisión Europea, y que la llamada violencia obstétrica tenía “consecuencias graves para la salud de las mujeres”. Por ello, mostraban su compromiso de ser “parte activa del cambio” y anunciaban “iniciativas divulgativas, de sensibilización y formación para los profesionales”. “Solo podremos avanzar si lo hacemos junto a las mujeres y contando con ellas”, subrayaban. En otro comunicado, en 2023, la SCOG recalcó que los ginecólogos se forman de manera continuada para ofrecer una atención respetuosa y basada en la evidencia científica.

Retos pendientes en trato humanizado y respetuoso con la maternidad

Gemma Falguera, de la ACL, señala que aún no hay centros de nacimiento —espacios similares a casas de parto pero ubicados en hospitales— en todo el territorio catalán, y que el número de matronas es insuficiente, especialmente ante un contexto de muchas jubilaciones. “Si no garantizamos profesionales sanitarias especializadas, difícilmente se podrá evitar la violencia obstétrica”, advierte. Sobre el modelo ‘one to one’, una matrona por cada mujer de parto, que requiere ratios adecuadas de profesionales, lo considera “indudablemente” el modelo a seguir.

En la asociación de usuarias Dona Llum siguen llegando quejas y consultas. Su presidenta destaca que cada vez más mujeres conocen sus derechos y expresan su preocupación sobre si serán respetados, por ejemplo, si podrán estar acompañadas por su pareja o alguien de confianza, o si se les explicará lo que ocurre durante el parto. Busquets remarca que hablar de violencia obstétrica también implica hablar de “presupuestos insuficientes, instalaciones inadecuadas o plantillas escasas”.

“Hay una parte estructural que es mucho más lenta de cambiar. Tenemos un sistema pensado para un tipo de atención medicalizada, bastante burocratizada y estandarizada. Cambiar prácticas a este nivel y poder individualizar es un proceso mucho más largo de lo que nos gustaría”, reflexiona.