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Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía para pedir que se deje en libertad al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, tras concluir la vista oral del juicio del "procés".
No es la primera vez que AI solicita la libertad de los Jordis, que se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017.
Reitera ahora su decisión recordando que el Tribunal Supremo defendió en su día la prisión como una medida cautelar necesaria para asegurar la presencia de los procesados durante el desarrollo de la vista oral, que ya ha concluido.
En un comunicado, AI alerta de que "de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, cuanto más se prolonga la prisión provisional, mayor necesidad hay de un examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada".
Hasta que no se emita sentencia, Amnistía Internacional, que ha observado todas las sesiones del juicio celebrado en el Supremo, no hará pública su valoración sobre la causa.Reconoce que en caso de demostrarse que los Jordis llamaron a manifestantes los días 20 y 21 de septiembre de 2017 para impedir una operación policial lícita en Cataluña, esto podría ser objeto de reproche penal, pero insiste en que la respuesta de las autoridades no puede suponer "una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos como son los de expresión y reunión pacífica".
A su entender, los Jordis, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos juzgados, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.
"Las autoridades deben demostrar que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido, algo que no ha ocurrido en este caso", denuncia AI.
En el mismo comunicado la organización pide que se someta a revisión judicial también la prisión provisional del resto de los ex altos cargos catalanes enjuiciados, una solicitud que, advierte, no "no supone en ningún caso una valoración sobre su responsabilidad penal".
Hasta que no se emita sentencia, Amnistía Internacional, que ha observado todas las sesiones del juicio celebrado en el Supremo, no hará pública su valoración sobre la causa.
