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Todos los partidos reconocen como excepcionales las elecciones del 21 de diciembre, un carácter que radica ya en el hecho de que fueron convocadas no por el presidente de la Generalitat, como es habitual, sino por el presidente del Gobierno, en aplicación de las medidas derivadas del artículo 155 de la Constitución.
Las elecciones catalanas pondrán punto final a unos meses de vértigo, desde que antes de verano el entonces president Puigdemont anunciara un referéndum para el 1 de octubre bajo la pregunta: «¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?».
La vuelta del parón estival precipitó la crisis, pese a la breve tregua institucional tras los atentados yihadistas de Barcelona. El 6 y 7 de septiembre, el Parlament se partió en dos en un pleno lleno de enfrentamientos dialécticos. JxSí y la CUP aprobaron las leyes de ruptura, pese a las denuncias de la oposición de vulneración de sus derechos.
El 1-O se intentó celebrar el referéndum, cuyas urnas habían sido escondidas por particulares. La jornada se desarrolló entre cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en diversos colegios que habían sido ocupados por multitud de personas y, según el Govern, los incidentes causaron centenares de heridos.
Con 2,2 millones de votos y un 90% de síes, Puigdemont dio por válido el 1-O pese a la falta de garantías y el 10 de octubre asumió el «mandato del pueblo» para convertir a Catalunya en estado independiente, una declaración en el Parlament que seguidamente -sólo duró 8 segundos- «suspendió» para abrir un diálogo. El diálogo, sin embargo, se limitó a un intercambio epistolar entre ambos presidentes en el que Puigdemont no aclaró si había declarado la independencia, como exigía saber Rajoy en un procedimiento para activar el mecanismo del 155.
El Parlament declaró el 27 de octubre la independencia con medio hemiciclo vacío y el apoyo de JxSí y la CUP, que seis mil personas festejaron en la calle, casi al mismo tiempo que el Senado daba vía libre para aplicar el 155.
El 28 de octubre, Rajoy anunció la disolución del Parlament, la convocatoria de elecciones, la intervención de la Generalitat, el cierre de las «embajadas» catalanas y el cese del Govern y de Puigdemont, quien dos días después aparecía junto a varios exconsellers en Bruselas. Ocho consellers fueron encarcelados, como ya lo habían sido los líderes de la ANC y Òmnium.
