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Nuevo revés internacional a los tribunales españoles por el Procés. La justicia belga decidió ayer paralizar la orden de detención europea dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena contra el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, ambos huidos en aquel país desde hace más de dos años. El magistrado que debía resolver si acordaba su entrega a España considera que los dos gozan de inmunidad como eurodiputados, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en diciembre certificó que el exvicepresidente Oriol Junqueras, también electo para la cámara de Bruselas, tiene aforamiento desde que en mayo se celebraron los comicios europeos.
Tanto Puigdemont como Comín recogieron su acta de representantes europeos el 20 de diciembre, un día después de que el tribunal de Luxemburgo confirmara la inmunidad del líder de ERC, y tras varios meses en los que los servicios de la Eurocámara se negaron a inscribirles a la espera de que se clarificara su situación.
Fue el propio Puigdemont quie, en Twitter, informó sobre la suspensión de la orden contra él y su exconseller, y denunció que España no ponga en libertad a Junqueras, cuyo caso ante la corte de Luxemburgo ha sido el que ha propiciado la paralización de la euroorden.
«La justicia belga reconoce nuestra inmunidad y decide suspender la orden de arresto y extradición. Pero todavía estamos esperando la liberación de Junqueras, que tiene la misma inmunidad que nosotros. España debe actuar de la misma manera que Bélgica y respetar la ley», exigió el expresident.
La suerte de Junqueras está pendiente del Tribunal Supremo, que en los próximo días decidirá la forma en que debe cumplir la resolución del TJUE y si deja al exvicepresidente acudir a la Junta Electoral Central o, incluso, a la Eurocámara, tal y como ha recomendado la Abogacía del Estado.
«Efectos inmediatos»
Según fuentes judiciales belgas y españolas, la decisión de los tribunales de Bruselas sobre Puigdemont y Comín tiene efectos inmediatos. La orden que ahora queda en el limbo es la que el juez Pablo Llarena, instructor de la investigación del Procés, emitió por sedición (y no por rebelión como las anteriores) y malversación el 14 de octubre, solo horas después de que el Tribunal Supremo condenara por sedición a los líderes independentistas por el referéndum del 1-O. Tres días después de aquella orden, el expresident se presentó ante los tribunales belgas, que le dejaron en libertad, una vez más, con la única obligación de estar localizable y no abandonar el país sin permiso. Esas medidas cautelare fueron levantadas ayer al suspenderse la tramitación de la euroorden, según revelaron fuentes judiciales españolas. Así, ambos podrán desplazarse a Estrasburgo el próximo 13 de enero para acudir a la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Puigdemont y Comín tienen previsto además participar en un acto político en Perpiñán este mes de enero.
La justicia belga, explicaron estas misma fuentes, ha suspendido la orden contra Puigdemont y Comín al entender que ambos se encuentran en «idéntica situación» a la de Junqueras, sobre la que dictaminó el TJUE tras una pregunta del Tribunal Supremo. Es decir, que, como el exvicepresidente preso, ambos huidos adquirieron de forma automática la inmunidad cuando fueron elegidos parlamentarios europeos en los comicios del 26 de mayo, sin necesidad de ir a jurar o prometer su cargo a la Junta Electoral Central en España, como tampoco hizo Junqueras, a quien el Supremo le denegó esta posibilidad, al tiempo que preguntó al tribunal de Luxemburgo sobre su situación legal.
«Todos los intentos de la justicia española para conseguir la extradición de los miembros del Gobierno en el exilio han acabado, o bien con la retirada de la euroorden por parte del propio juez español, o bien con la desestimación de la extradición ya sea por razones formales en Bélgica o en cuanto al principal delito, el de rebelión, en Alemania», destacaron en un comunicado conjunto Puigdemont y Comín.
