César Puig: "Estoy muy tranquilo. Cumplimos todos los mandatos judiciales"

El exsecretario general de Interior está acusado de rebelión. A otros dos ex altos cargos tarraconenses del Govern, Quim Nin y Lluís Salvadó, les imputan malversación y desobediencia

XAVIER FERNÁNDEZ JOSÉ

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Dos mossos, ante el Martí i Franqués, el 1-O. El Supremo acusa a los Mossos de no actuar contra los votantes pese a la orden judicial. FOTO: ACN

Dos mossos, ante el Martí i Franqués, el 1-O. El Supremo acusa a los Mossos de no actuar contra los votantes pese a la orden judicial. FOTO: ACN

Las actuaciones judiciales contra el Procés no han concluido con la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a un total de 99,5 años de prisión a los nueve líderes independentistas, entre ellos la tarraconense Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. Ni mucho menos. Al menos hay 30 juzgados de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona con investigaciones y unos 50 procedimientos en marcha. Según el president de la Generalitat, Quim Torra, hay cerca de 2.000 personas investigadas o procesadas.

Entre los tarraconenses investigados, destacan tres ex altos cargos del Govern: César Puig, exsecretario general de Interior; Quim Nin, exsecretario general de Presidència; y Lluís Salvadó, exsecretario de Hisenda.

A Puig se le imputa un delito de rebelión. Será juzgado a partir del 20 de enero, junto a otros procesados: el exMajor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero; el director de los Mossos, Pere Soler; y la intendente Teresa Laplana. La Fiscalía también imputa rebelión a Trapero y Soler y sedición a Laplana.

Puig, Trapero y Soler se encuentran ahora en una paradoja. El Tribunal Supremo descartó que los nueve encausados hubieran liderado una rebelión. De ahí que ninguno de los tres haya podido cometer un delito inexistente. Lo más probable es que la Fiscalía rebaje el delito a sedición. A la espera de que comience el juicio, el 20 de enero, el fiscal solicita 11 años de cárcel para Puig.

El exsecretario de Interior explica al ‘Diari’ que «discrepamos completamente de la sentencia del Supremo en la que se afirma que la actitud de los Mossos no fue colaborativa».

El actual jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat asegura que «a nivel personal estoy muy tranquilo aunque preocupado. Tengo claro lo que hicimos y que cumplimos todos los mandatos judiciales. Creo que se entenderá nuestra defensa y estoy absolutamente seguro de mi absolución».

La confianza de Puig se basa en que él no tenía mandato directo sobre los Mossos d’Esquadra y, por tanto, no podía sugerirles de ningún modo que hiciesen la ‘vista gorda’ ante los votantes en el referéndum del 1 de octubre de 2017. «A mi me atribuyen competencias que no tenía porque dicen que ejercía mando de los Mossos. No se han mirado la estructura jerárquica», lamenta Puig.

«Un auto judicial ordenó que el máximo mando fuese Pérez de los Cobos, no el conseller. Quien podía dar instrucciones a los Mossos era Pérez de los Cobos, la jueza y el propio mando de los Mossos. Pérez de los Cobos mandaba y quien resulta condenado es el conseller», critica Puig en alusión al coronel de la Guardia Civil que se encargó de coordinar el dispositivo para impedir el 1-O.

La sentencia del Supremo complica sobremanera el futuro judicial del exMajor. Le acusa de diseñar la estrategia de no actuar contra el 1-O bajo la justificación de «preservar la convivencia». «Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos. Con ello disimulaba -siquiera de modo inverosímil- su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados», dice la sentencia.

En el fallo judicial se critica la «pasividad» de los Mossos: «No interfirieron la emisión de votos, más allá de alguna actuación aparente y en un mínimo número de centros. En algunos casos, llegaron incluso a recoger, hacerse cargo y trasladar material electoral, que les era entregado por los ciudadanos».

«Ante la actitud tácticamente predispuesta de quienes se apostaron a las entradas de los centros, los agentes de Polícía Nacional y Guardia Civil se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista», concluye.

Malversación y desobediencia

Quim Nin, ahora vicepresidente de la Diputació, y Lluís Salvadó están imputados en la causa judicial que persigue la organización del referéndum. En total hay una veintena de acusados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental.

El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona sigue la causa contra Nin y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la de Salvadó, al estar aforado como diputado en el Parlament.

Preguntado por el ‘Diari’, Nin comentó que «prefiero no hacer declaraciones hasta que no termine la instrucción. Afronto con serenidad lo que tenga que llegar». Salvadó no quiso hablar.

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