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El Gobierno admite que los presos pueden ser candidatos el 21D

"Mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos"

Diari de Tarragona

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El vicepresidente encarcelado de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras

El vicepresidente encarcelado de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró ayer que «nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia» tras la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión al vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y ocho exconsellers, pero admitió que los encarcelados pueden presentarse a las elecciones si no hay una sentencia firme que los inhabilite. «En cuanto a quién puede formar parte de las listas electorales, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos», declaró Méndez de Vigo, que señaló que es a ellos y a sus partidos a los que corresponde decidir si concurrirán o no a las elecciones catalanas que se celebrarán el 21 de diciembre. 

El portavoz del Ejecutivo dijo que «todas las fuerzas políticas han dicho públicamente que van a participar» en esos comicios, algo que calificó de «buena noticia» porque son los catalanes los que tienen que «juzgar» lo que ha pasado estos años y el «callejón sin salida» al que les llevó el Govern cesado.

Méndez de Vigo recalcó que España es «un Estado de Derecho» y «nadie se puede sustraer a la acción de la Justicia». En este sentido, y ante el hecho de que siga en Bélgica el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, señaló que existen «instrumentos internacionales para que aquellas personas que pretendan sustraerse sean puestas a disposición» de los jueces. 

Ante el hecho de que Puigdemont se considere aún «gobierno legítimo de Catalunya», el ministro recordó que el Boletín Oficial del Estado (BOE) «está ahí» y recoge su destitución y la de sus consejeros, al tiempo que subrayó que el Gobierno ha actuado «dentro del marco constitucional». «El 155 es un artículo de la Constitución que tiene el mismo valor jurídico que el artículo 2, que es aquel que reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones a tener una autonomía», explicó.

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