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Nada de repliegue. Ni un paso atrás. Y menos ahora. La orden fue directa de Mariano Rajoy a las 11 de la mañana. Los policías y guardias civiles enviados para intentar evitar el 1-O seguirán en Catalunya. En los barcos, en los cuarteles, en las comisarías y en los 41 hoteles en los que están alojados. Rajoy dio instrucciones de abortar la inminente salida de centenares de funcionarios del CNP de los dos hoteles de Pineda de Mar (Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda), y que el titular de Interior ya había ordenado desalojar.
Las instrucciones a los jefes policiales fueron no repetir bajo ningún concepto las imágenes del lunes de centenares de policías y guardias civiles cabizbajos e insultados abandonando tres hoteles de Calella tras protagonizar disturbios en la noche del domingo.
El Gobierno también decidió alargar hasta el 11 de octubre buena parte del despliegue policial, aunque no todo. En principio Interior fijó el día 5 como fecha de regreso, luego alargó hasta el 8 pero, con la amenaza de declaración unilateral de independencia para los próximos días, acordó una nueva prórroga, que bien podría no ser la última.
La jornada de huelga general fue complicada para los 12.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya. Miles de personas rodearon de forma pacífica durante horas la sede de la Jefatura Superior de Policía en vía Laietana, en Barcelona, convertida en una suerte de Fort Comanche, en palabras de los operativos.
Inconvenientes graves
El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y el diputado de JxSí en el Parlament, Lluís Llach, pidieron ayer por la tarde abandonar las concentraciones ante la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, en la Via Laietana de Barcelona, y en Pineda de Mar. «Se ruega abandonar las concentraciones ante Via Laietana y los hoteles-cuartel de Pineda. Comportan inconvenientes graves», dijo Lluís Llach.
Miles de personas se concentraron pacíficamente ante la Jefatura Superior de Policía en BCNPasadas las diez de la noche se disolvieron los congregados finalmente, gracias a la intervención del exdiputado de la CUP Antonio Baños, que se presentó en el lugar con un megáfono y convenció a los manifestantes para que se desplazaran a la acampada organizada en el cruce de Passeig de Gràcia con Gran Via.
Las concentraciones fueron intermitentes en otras sedes policiales de la capital catalana como la comisaría de Balmes o la Comandancia de la Guardia Civil. También durante el día en los cuarteles de la Seu d’Urgell y Solsona, entre otras poblaciones.
«Los policías de Pineda nos piden no abandonar Catalunya»Los ánimos entre el contingente desplazado a Catalunya, a pesar de todo eran buenos. «Los policías de Pineda nos piden no abandonar Catalunya», explicó José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de Policía y portavoz de todos los sindicatos en esta crisis de Catalunya. Sin embargo, los ánimos no eran tan buenos entre los funcionarios de plantilla. En localidades como Fornells de la Selva, en Girona, han comenzado a aparecer pasquines con nombres, apellidos y fotografías de agentes a los que responsabilizan de la represión del 1-O. Las amenazas y coacciones a funcionarios concretos, se están repitiendo de manera especial en Girona y Lleida, siempre según fuentes policiales.
‘Acoso totalitario’
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acusó personalmente al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber provocado una «escalada de hostigamientos» contra los agentes al reclamar que los policías y guardias civiles enviados contra el 1-O se marchen de la comunidad. El ministro dijo que las palabrasde Puigdemont habían «alentado el acoso totalitario». «Asedios de odio», dijo, que están relacionados de forma «directa con las palabras» del president.
El responsable de Interior se comprometió a tomar «todas las medidas necesarias para frenar actos de asedio tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil».
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acusó personalmente al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber provocado una «escalada de hostigamientos»La Fiscalía General del Estado ha ordenado abrir una investigación con el fin de esclarecer si las supuestas presiones de ayuntamientos independentistas, de los dueños de los hoteles o de manifestantes, estuvieron detrás de las solicitudes para que las fuerzas de seguridad del Estado desalojaran los alojamientos en los que se encontraban, algo que podría constituir un delito de odio y discriminación además de otros como coacción o amenazas, sostiene el Ministerio Público.
