El Gobierno tramitará los indultos a los presos del 'procés' la semana que viene

El inicio de la tramitación de los indultos va en paralelo a la reforma del delito de sedición

Cristian Reino (Colpisa)

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Imagen del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención de este miércoles en el Congreso. Foto. EFE

Imagen del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención de este miércoles en el Congreso. Foto. EFE

Golpe de efecto del Gobierno y guiño al independentismo en plena negociación de los Presupuestos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este miércoles que el Ejecutivo empezará a tramitar la semana que viene las peticiones de indulto para los presos secesionistas, un proceso largo y complejo que puede durar hasta medio año. Y que elevará la temperatura de la arena política española, marcada en los próximos meses por la pandemia, la negociación de los Presupuestos y las elecciones catalanas.            

El inicio de la tramitación, que no presupone la concesión del indulto, fue comunicada por el ministro por sorpresa, en una respuesta parlamentaria a la diputada de JxCat, Laura Borràs, pero no fue de forma improvisada, pues los socios del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, reconocieron que conocían desde el día anterior el anuncio del ministro.            

El Ejecutivo central tenía sobre la mesa varias peticiones de indulto para los reos del 'procés' desde el pasado mes de enero, pero las había guardado en un cajón, como consecuencia del "atasco" provocado por la pandemia, según apuntaron fuentes del Ministerio de Justicia. El indulto es una medida de gracia, en manos del Gobierno, que le faculta para perdonar una pena, aunque el indultado sigue siendo culpable del delito cometido. Se hace de forma individual y en ningún caso se dan indultos con carácter general. Lo puede pedir el penado o un tercero, como es el caso de los reos secesionistas.

Diferentes organizaciones han formalizado en los últimos tiempos la petición de indulto para los nueve dirigentes independentistas condenados a penas de nueve a trece años por sedición. El sindicato UGT hizo la petición para la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa; los expresidentes del Parlament hicieron lo propio con Carme Forcadell y la formación política Lliga Democrática, uno de cuyos dirigentes es el expresidente de Sociedad Civil Catalana, Ramón Bosch, anunció su intención de realizar una petición para todos ellos. El abogado Francesc Jufresa  presentó también una solicitud para los doce condenados (tres no están en prisión).            

La tramitación arranca con la solicitud por parte del Ministerio de Justicia de los correspondientes informes sobre si están a favor o no del tribunal sentenciador, el Supremo, la Fiscalía y las cárceles catalanas. El indulto puede ser parcial o total. Estos informes no son vinculantes, pero sí pueden determinar la posición final del Ejecutivo, que la adopta el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia y la firma el Rey. Entre otras cuestiones, el Supremo deberá incluir en su informe si existe voluntad de arrepentimiento por parte del reo, que no existe en este caso pues han expresado su intención de volver a celebrar otro 1-O. Aunque, eso sí, no es una condición sine qua non, como ocurrió en el caso de Antonio Tejero, sobre cuyo indulto se pronunció a favor el Supremo y después el Gobierno lo denegó.            

El Supremo, en cualquier caso, podría tener la última palabra si PP y Vox acaban recurriendo los indultos como avisaron este miércoles entre duras acusaciones a Pedro Sánchez de haberse vendido a los secesionistas. También puede ocurrir que a los presos se les conceda el indulto y lo rechacen, al menos desde el punto de vista político. Oriol Junqueras, por ejemplo, fue explícito en una ocasión: "Que se metan el indulto donde les quepa". "Hablar de indulto es admitir la culpabilidad y yo no soy culpable", dijo. Dolors Bassa y Carme Forcadell, ya alejadas de la vida política, se han mostrado a favor.                      

La contradicción de Sánchez      

Hace año y medio, antes de las elecciones generales de abril, el Gobierno no era partidario del indulto. El ministro de Fomento, José Luis Abalos, afirmó durante el juicio del 'procés' que el indulto "significa arrepentimiento y de momento no vemos esa voluntad". Y hace un año, el propio Sánchez garantizó que los presos del 'procés' cumplirían de manera íntegra sus penas. "El acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento, reitero, su íntegro cumplimiento", dijo, y añadió que "nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento".       

Pero ahora la situación ha cambiado. Podría ser uno de los gestos que Esquerra Republicana lleva tiempo reclamando para avenirse a negociar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que supondría un espaldarazo a la estabilidad del Gobierno. Los independentistas recibieron con frialdad el anuncio del ministro de Justicia e insistieron en que se trata de una solución parcial, pero ya no podrán acusar al Ejecutivo central de no moverse en materia de presos.

El inicio de la tramitación de los indultos va en paralelo, además, a la reforma del delito de sedición, que podría estar listo en unos meses y que también podría beneficiar de forma retroactiva a los reos del 'procés'. JxCat y ERC reconocen que es un guiño, pero públicamente mostraron su recelo, ya que el anuncio del inicio de la tramitación no significa que los indultos estén ya concedidos y reiteraron que la única solución es la amnistía.  

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