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El Tribunal Constitucional echa el freno a la desconexión exprés

Suspende por unanimidad la reforma del reglamento del Parlament durante cinco meses y amenaza a Carme Forcadell y otros cargos con la vía penal si se desoye su prohibición

Europa Press

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Los Mossos d’Esquadra formaron un cordón de seguridad entre los más de 200 ‘cupaires’ y el centenar de personas que fueron a apoyar a la Guardia Civil. Foto: quique garcía/efe

Los Mossos d’Esquadra formaron un cordón de seguridad entre los más de 200 ‘cupaires’ y el centenar de personas que fueron a apoyar a la Guardia Civil. Foto: quique garcía/efe

El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España, como la ley del referéndum del próximo 1 de octubre y las conocidas como leyes de desconexión, y avisa a la presidenta de dicha cámara, Carme Forcadell, y a la Mesa del Parlament, de las consecuencias, incluso penales, si incumplen esta paralización. 

El pleno del tribunal de garantías se reunió –no al completo, pues uno de los 12 magistrados integrantes no ha podido asistir–durante menos de una hora y acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes. 

Esto supone la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC dicte una sentencia sobre el fondo del asunto. 

En una providencia, el TC accede a la solicitud que expresó el Gobierno de Rajoy en su recurso de inconstitucionalidad de que se advierta a la presidenta de dicha cámara, Carme Forcadell; al secretario general, Xavier Muro; al letrado mayor del mismo, Antoni Bayona Rocamora; y a los miembros de la Mesa, de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada».  

Ni en el orden del día

El tribunal de garantías señala que estas personas tienen el deber de abstenerse de «iniciar, calificar, introducir» en el orden del día de cualquier órgano del Parlament y, sobre todo, de dictar cualquier acuerdo que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única. 

Asimismo, se les apercibe de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento». 

El Ejecutivo instaba al TC a que ordenase a Carme Forcadell, Xavier Muro y Antoni Bayona a informar del contenido de los apercibimientos a las autoridades y servicios administrativos subordinados a ellos y, en particular, a la persona titular del Departamento de Ediciones, pero el TC no hace mención expresa relacionada con esta petición. 

El TC ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlament y a la Generalitat de Catalunya, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. 

Habilitado el mes de agosto

También ordena el TC la publicación de la suspensión de la reforma del Parlament en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Además, habilita el mes de agosto para la tramitación del presente recurso de inconstitucionalidad. 

El Gobierno de Rajoy presentó el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado segundo del artículo 135 del nuevo reglamento del Parlament de Catalunya tras recibir el dictamen a favor del Consejo de Estado. 

El órgano consultivo emitió un dictamen por unanimidad en el que asegura que existen «fundamentos jurídicos» para recurrir al vulnerarse derechos de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Carta Magna. 

El 26 de julio, el Parlamentaprobó una reforma sobre el reglamento de la Cámara por el que se permiten aprobar leyes por el mecanismo de lectura única, como la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas leyes de desconexión. 

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