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El Congreso frenó este martes los intentos de Ciudadanos y del Partido Popular por acabar con el «adoctrinamiento ideológico» en las escuelas catalanas. A un mes de los comicios autonómicos del 21 de diciembre, la Cámara baja debatió sendas propuestas con las que liberales y conservadores pretendían establecer más controles en los centros docentes y liderar la batalla contra las «ilegalidades educativas» que se cometen en Catalunya de cara a la próxima contienda electoral.
Sin embargo, ninguna de las dos iniciativas superará el listón en la votación de mañana. La mayoría de la oposición las rechazó por considerarlas «oportunistas» y «electoralistas». «Deje la campaña, se le ha visto el plumero, deje de instrumentalizar la educación», acusó a Albert Rivera la diputada del PSOE Luz Martínez Seijo.
El líder de Ciudadanos fue el encargado de defender desde la tribuna la propuesta naranja y también de recibir los reveses del resto de grupos. En su exposición, Rivera insistió en la necesidad de crear una agencia independiente que inspeccione los colegios e institutos para certificar que cumplen con lo establecido en la Carta Magna y acusó a los gobiernos populares y socialistas de tolerar las exigencias de los nacionalistas para no controlar la educación. «Les pido una reflexión sobre seguir haciéndole el juego a los nacionalismos», insistió el dirigente liberal, que portó durante todo el debate un ejemplar de la Constitución.
Desterrar la ideologización
Para el partido en el Gobierno, mejor que crear una nueva agencia, lo conveniente es que el Estado refuerce el control de las escuelas para «desterrar la ideologización de la educación», según defendió su portavoz en Educación, Sandra Moneo, encargada de exponer la propuesta en el hemiciclo.
Pero las cartas ya estaban echadas y tanto PP como Ciudadanos solo consiguieron recabar su apoyo mutuo. La oposición echó por tierras ambas propuestas con argumentos prácticamente similares. El PSOE les acusó de ser «tremendamente desleales» con los trabajos de la subcomisión de Educación del Congreso y cargó contra los populares por tratar de «extender el 155 a las aulas catalanas». Podemos y el PNV culparon a ambos partidos de querer poner en marcha «una policía política dentro de la educación», mientras desde el Grupo Mixto y el PDeCAT se criticaron la invasión de competencias de sendas iniciativas y el intento de «criminalizar a los profesores».
