El confinamiento del Segrià podría empezar esta noche

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este martes tras el Consell Executiu que el Ejecutivo catalán prevé que el decreto de confinamiento por coronavirus en Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat (Lleida) entre en vigor esta medianoche. 

Lo ha explicado en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat en la que ha concretado que tendrá una duración prevista de "15 días desde su aprobación" y recoge lo que estaba definido en la anterior resolución, que la juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida acordó no ratificar el lunes por la madrugada. 

De hecho, Budó ha especificado que "en las próximas horas" se presentará la nueva resolución al juzgado contencioso administrativo tras el aval del comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) para que entre en vigor esta medianoche. 

"El procedimiento legal establece que se tiene que presentar y, si nada dice lo contrario y todo nos hace pensar que nada dirá lo contrario, entrará en vigor esta medianoche", ha insistido la consellera. 

Budó ha defendido que se deben hacer pasos atrás en la fase de reanudación y restringir la movilidad y el contacto para evitar la dispersión del virus ante "un riesgo muy importante de propagación" en Lleida.

Restricciones

Así, la entrada y salida de los municipios quedará restringida salvo desplazamientos por motivos laborales y servicios esenciales, así como para aquellas actividades derivadas de situaciones que no se puedan posponer. 

Esta medida no afectará a la circulación por autopistas y autovías ni tampoco al transporte de mercaderías pero si al transporte público. 

Se permitirá salir del domicilio y la circulación por las vías de uso público para ir al trabajo; asistir a centros sanitarios; atender a personas mayores, menores, dependientes y vulnerables; y desplazarse a entidades financieras, seguros y otros servicios. 

También para acceder a establecimientos comerciales; acceder a establecimientos comerciales con cita previa; hacer encuentros y deporte con personas del grupo de convivencia habitual; atender huertos de autoconsumo; y hacer exámenes y pruebas que no se pueden posponer. 

Budó ha comentado que se prohíben encuentros y reuniones de más de 10 personas que incluye casamientos, servicios religiosos y ceremonias fúnebres; se suspende la apertura de equipamientos culturales, locales y establecimientos públicos que impliquen la interacción de un número importante de personas --como teatros, cines, parques y gimnasios--. 

Las bibliotecas y museos seguirán abiertos con sujeción al plan sectorial del Plan de actuación del Procicat, así como los 'casals' y colonias de verano, que deberán cumplir con los criterios generales. 

La consellera ha avisado de que habrá un régimen sancionador para todas aquellas actividades que no están permitidas y no se pueden llevar a cabo, y ha añadido que este corresponde a los ayuntamientos y a la Generalitat porque forma parte del ámbito de sus competencias.

Conciencación ciudadana

Budó ha asegurado que no se ha decretado un confinamiento domiciliario pero ha detallado que solo hay que salir para aquellas actividades esenciales, y ha destacado la importancia de la concienciación ciudadana. 

"Los comercios estarán abiertos, pero hay un brote muy importante. Se trata de preservar la salud de todos y evitar la propagación del virus. La concienciación ciudadana es muy importante. Todo lo que no esté en la resolución no está permitido".

Resolución 

La resolución, que se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) y que ha consultado Europa Press, establece que la situación actual del virus "justifica la urgente necesidad de la medida". 

Asimismo, ha insistido en que la decisiones que se adopten se encuentren debidamente justificadas y se articulen mediante el procedimiento legalmente establecido. 

De esta manera, el Govern ha argumentado la modificación de la Ley de salud pública como una regulación específica de las emergencias sanitarias ya que "las medidas de control de las personas son las que se han mostrado más adecuadas para evitar el riesgo de extensión".