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El juez Llarena deja en manos del Gobierno acercar a los presos a Catalunya

El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se había mostrado favorable a trasladar a Catalunya a los políticos independentistas encarcelados sí así lo acordaba el juez
 

Diari de Tarragona

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de jura y entrega de títulos a policías nacionales. FOTO: raúl sanchidrián

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto de jura y entrega de títulos a policías nacionales. FOTO: raúl sanchidrián

Polémica pública entre el nuevo ministro del Interior y el juez del ‘procés’ a cuenta de la posibilidad de que los políticos presos puedan ser trasladados a cárceles catalanas. Y ante todo sobre quién sería, si el Gobierno (a través de Instituciones Penitenciarias) o el magistrado del Tribunal Supremo, el encargado de tomar esa controvertida decisión, que sin duda levantaría una polvareda política.            

Que ni el Ejecutivo ni el Supremo quieren para sí la responsabilidad de esa patata caliente quedó ayer meridianamente claro. La controversia pública entre el titular del Interior y el juez Pablo Llarena comenzó a primera hora del día cuando Fernando Grande-Marlaska se mostró, en principio, favorable a acercar a Catalunya a los nueve presos preventivos del ‘procés’ acusados de rebelión o sedición y malversación: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell.

«Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil», afirmó el titular de Interior, que sorprendió a sus compañeros juristas y magistrados al afirmar con rotundidad que Instituciones Penitenciarias sólo decide directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia. «Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otro», apuntó el ministro en Onda Cero. Insistió en que «se podría y se debería evaluar» un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero siempre que el juez haga constar que «no hay inconveniente».

Pablo Llarena contestó al ministro apenas unas horas después, lo que tardó en redactar el auto en el que reiteraba su rechazo a la nueva petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva, insistiendo en que persiste el riesgo de fuga y reiteración delictiva.

Rapapolvo
El juez aprovechó esa resolución, que nada tenía que ver con el acercamiento o no a cárceles catalanas, para despacharse con Grande-Marlaska de manera pública y dejarle claro que «no tiene competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer» los reclusos, por muy preventivos que éstos sean. El instructor del Supremo, apoyándose en la ley,  el reglamento penitenciarios y en la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, se lava las manos de cualquier responsabilidad sobre la decisión del traslado de los nueve líderes independentistas.

La polémica entre el juez y el ministro llegó a tal punto que Interior acabó reconociendo que tiene competencia también sobre los presos preventivosy anunció que no tiene intención de movera los nueve políticos.

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