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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió dejar ayer en libertad bajo fianza de 5.000 euros a tres de los miembros de los denominados Comitès de Defensa de la República (CDR) detenidos el 23 de septiembre en la denominada operación Judas y acusados de terrorismo.
El tribunal decidió estimar parcialmente los recursos de apelación de Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xabier Buigas, a los que, además de la caución, impone la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional, y la fijación de un teléfono, domicilio y persona de contacto para recibir cualquier tipo de comunicación judicial.
La Sala entiende que de las diligencias practicadas hasta la fecha existe un «elevadísimo índice de verosimilitud acerca» de la intervención de los encausados en el hecho delictivo (pertenencia a una organización terrorista), pero ello no puede por sí justificar la medida cautelar de prisión. En su auto, los magistrados de la Sección Segunda descartan todas las posibles vulneraciones de derechos alegadas por los abogados de los tres supuestos miembros de los Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR. Consideran además que el Juzgado Central de Instrucción 6 ha cumplido «sobrada y escrupulosamente» con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Probado arraigo
Recuerda el tribunal que una medida cautelar como la prisión provisional persigue asegurar la presencia del inculpado en el proceso, así como evitar la destrucción o manipulación de los medios de prueba. Respecto al riesgo de fuga, los magistrados creen que, dado el probado arraigo personal, familiar, social y económico que presentan, esta posibilidad es remota. En cuanto a la ocultación o destrucción de pruebas, los jueces tienen en cuenta que en el momento actual ya han sido practicadas casi la totalidad de las pruebas que inculpan a los encausados, por lo que no existe la posibilidad de que entorpezcan, dificulten o retrasen la investigación.
Tampoco, afirma la sala, pueden ejercer una influencia directa sobre testigos u otros imputados o peritos. Dos de los autos, los relativos a los recursos de Eduardo Garzón y Xabier Buigas, indican también que debe tenerse en cuenta, tal y como alega el fiscal, su falta de participación en la fabricación de explosivos.
En la vista de apelación, la Fiscalía, en una decisión controvertida, ya pidió que se les impusiera a los tres una fianza de 9.000 euros para eludir la prisión preventiva. La acusación popular ejercida por la Asociació Catalana de Víctimes d’Organizacions Terroristes (ACTOV) pidió que se mantuviera la prisión incondicional.
La Sala tiene pendiente resolver el recurso de apelación interpuesto por un cuarto encarcelado, Alexis Codina.
Diversos planes
En sus autos de prisión, el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia-Castelllón, acusó a los ahora excarcelados y a los otros cuatro detenidos de tener como objetivo principal llevar una campaña contra «infraestructuras críticas coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O y la publicación de la sentencia del Procés. El magistrado reveló igualmente en sus autos de prisión otro plan de los arrestados de ocupar el Parlament durante cinco días. Una ocupación de la que, supuestamente, estaría al tanto el president de la Generalitat, Quim Torra.
