Escocia reclama a la exconsellera Clara Ponsatí

Han pasado 147 días desde entonces. Junto a sus excompañeros del Govern, Clara Ponsatí aterrizó en Bruselas el 30 de octubre de 2017. Decidió dejar la capital comunitaria el 10 de marzo camino de Escocia para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews. Ayer, 15 días después, negociaba con la Policía escocesa el cómo y el cuándo entregarse para someterse al procedimiento judicial de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena. Así lo confirmó la propia Policía y el Gobierno nacionalista liderado por Nicola Sturgeon, que criticó políticamente lo ocurrido pero no tuvo más remedio que reconocer que la ley es la ley y que la cumplirá. El Estado de la UE es Reino Unido y será la legislación británica la que decida el futuro de la exconsellera.

Ponsatí forma parte del ‘cuarteto de Puigdemont’. Los otros tres, Toní Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, continúan residiendo en Bruselas. Supuestamente, claro, porque no han dado señales de vida y viendo lo sucedido con el expresident y, sobre todo, con la fuga a Suiza de Marta Rovira, es difícil poner la mano en el fuego por nada. La Fiscalía belga lo único que confirma es que han recibido las órdenes de detención y entrega a España. Nada más. 

Respecto al paradero de los tres exconsellers, se espera que se entreguen en las próximas horas ante la Policía belga, que luego deberá ponerles a disposición judicial para iniciar el complejo procedimiento que podría demorarse 90 días y que ya conocen a la perfección después de su primera puesta a disposición judicial el 5 de noviembre.

Para entender este embrollo jurídico no sólo hay que tener en cuenta el país en el que se van a gestionar las euroórdenes (Bélgica, Escocia y Suiza), sino también el delito por el que están procesados cada uno de ellos. Aquí, Serret y Puig podrían salir bien parados ya que a diferencia de la anterior euroorden, no se les imputa el delito de rebelión. Sólo malversación y desobediencia. Por su parte, Comín y Ponsatí sí están procesados por rebelión, que es el delito más grave con diferencia y que conlleva penas de hasta 25 años de prisión.

El delito de rebelión y sedición no está tipificado como tal en el Código Penal belga, lo que dificultaría mucho la extradición. De hecho, este fue el motivo de que el juez Llarena retirase la primera de las euroórdenes emitidas en su día por la Audiencia Nacional.