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Hacienda controlará las tarjetas de crédito de altos cargos de la Generalitat

El ministerio controlará al mes 1.400 millones de las cuentas catalanas por la desobediencia del Govern y reclama a la Generalitat los datos de los funcionarios para pagar las nóminas

Diari de Tarragona

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Foto: efe

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Foto: efe

El Ministerio de Hacienda controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat, a fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum del 1 de octubre.

Hacienda explica que tanto los cargos públicos como los responsables de las entidades de crédito que no impidan gastos relacionados con el 1-0 «dará lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal».

El Gobierno quiere dar a los bancos los detalles sobre su decisión de que no colaboren con «actividades ilegales» y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. El control debe llegar a todos los pagos que se realicen desde esas cuentas bancarias e incluye así los asociados a las tarjetas de crédito de los altos cargos. 

Turull culpa a  Montoro de poner en peligro la renta de ciudadanía pero no el referéndum

Sin embargo, controlar todos los movimientos financieros parece un desafío ciertamente  complicado.  Por eso, cada orden de pago debe ir acompañada con un certificado del interventor en el que garantice que no está vinculado con la consulta ilegal. 

El Ejecutivo dio un plazo de 48 horas, que vence hoy, para que la Generalitat le enviara el acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto, que no afecte a servicios fundamentales. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana.

La Generalitat ya ha recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes para impedir la intervención de sus cuentas, pero al no haber solicitado medidas cautelarísimas el Tribunal Supremo no se verá obligado a pronunciarse en los próximos días.

Fuentes del Supremo recuerdan que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es diez días.

Las CUP acusan al Gobierno de suspender la autonomía ‘por la puerta de atrás’

Si el Govern de Carles Puigdemont hubiera solicitado una suspensión cautelarísima, el Tribunal Supremo se habría visto obligado a resolver en un plazo de 48 horas, con lo que existiría la opción de de frenar de inmediato el acuerdo del Ejecutivo central.

Mientras, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, advirtió ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que la intervención de las cuentas de la Generalitat pondrá en peligro la renta garantizada de ciudadanía y otras previsiones de gasto, pero no la celebración de un referéndum el 1 de octubre.

Las nóminas
Según señalaron fuentes de de Hacienda, desde ese ministerio no se pueden abonar los salarios de los funcionarios si antes la Generalitat no aporta la información laboral de estos para lanzar las órdenes de pago con las que se autorizan las transferencias a los bancos. 

Los 170.000 funcionarios de la Generalitat cobran el 27 o 28 de cada mes y quedan menos de  10 días para ello. Además, los bancos tienen que recibir las órdenes de transferencia con un par de días de antelación.
La renta garantizada

Por su parte, en declaraciones a TV3, el conseller Jordi Turull calificó de «auténtica barbaridad jurídica» la decisión del Gobierno central de asumir el control de los gastos esenciales de Catalunya, después de que la Generalitat se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum.

La intervención de las cuentas de la Generalitat, ha alertado Turull, puede tener «unos efectos muy negativos» para Cataluña, al hacer peligrar la «renta garantizada de ciudadanía» o un «plan de subvenciones» para empresas exportadoras.

En cambio, «por lo último que hay que sufrir es por el referéndum», porque esta medida del Gobierno «no tiene consecuencias» en la organización del 1-O. 

‘Suspenden la autonomía’
La diputada de las CUP Eulàlia Reguant acusó al Gobierno de estar suspendiendo la autonomía de Catalunya «por la puerta del detrás» con la intervención de las finanzas de la Generalitat. Reguant participó ayer en una rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Barberà del Vallès por parte de Junts per Barberà, partido que incluye a Podemos y a las CUP, a favor de que el consistorio facilite la votación en el referéndum.

«Es un paso más en la intervención política y económica de Catalunya y un intento de suspender la autonomía por la puerta de atrás aplicando el artículo 155, pero sin necesidad de convocar al Senado y a todos los mecanismos establecidos», afirmó Reguant.

Por su parte, el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin se unió a las críticas de Reguant contra el Gobierno y calificó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de ser el «señor de las amnistías fiscales inconstitucionales».

«Es preocupante que todas las respuestas sean la intervención y las amenazas, y la intervención de las finanzas la tenemos que unir a la retirada de los carteles del referéndum porque forma parte de todo lo que está pasando en Catalunya», explicó Dante Fachin.

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