El Procés: Historia de un juicio

«Tengo que daros una mala noticia: el Govern de la Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no (...) Estáis todos fichados. En el nuevo Estado no se escapará nadie. A cambio os damos nuestra palabra de que sabréis adónde va cada euro». En otoño de 2016 el entonces senador de Esquerra Republicana Santiago Vidal recorría toda la geografía catalana pronunciando conferencias de alto voltaje. 

El juez, suspendido de su cargo por redactar un borrador de Constitució de Catalunya, adelantaba en sus intervenciones las medidas que la Generalitat supuestamente estaba llevando a cabo para preparar la independencia. Algunas de ellos, como admitió, ilegales. 

 «De los 801 jueces (en Catalunya), sabemos los que se quedarán y los que se irán. Tenemos diseñada la estructura judicial de la república y sabremos con qué jueces podemos contar», aseguraba.

Pero aquellas conferencias del histriónico senador salieron a la luz en enero de 2017. Pese a los paños fríos que trató de poner el Govern para atajar el escándalo y la dimisión de Vidal, las consecuencias acabarían siendo mayúsculas. No de forma inmediata, pero sí según se fueron sucediendo desde septiembre las diferentes fases del Procés, que se va a juzgar en el Tribunal Supremo desde el próximo martes. 

«Santi Vidal, contigo empezó todo», se ironizaba en ambientes judiciales conocedores del Procés, en alusión a la frase que Gerard Piqué dedicó al Real Madrid durante la celebración del triplete en 2015: «Gracias Kevin Roldán, contigo empezó todo». 

El entonces fiscal general José Manuel Maza ordenó a finales de enero de 2017 abrir diligencias por las palabras del senador y el 9 de febrero el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer tomaba la batuta de las pesquisas. 

Pese a que Vidal se retractó de sus palabras, enmarcándolas en un contexto político de excesos verbales, Ramírez Sunyer siguió instruyendo. Sus pesquisas llegaron hasta los presuntos organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre. Quiénes eran, cuánto dinero habían movido y qué sociedades habían participado.  

El 20 de septiembre de 2017,  el juez no esperó más y, a la vista de la autorización del Parlament del decreto de convocatoria del 1-O, ordenó la ‘operación Anubis’. Hubo 14 detenidos, entre ellos Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía. En los registros ordenados en su despachos se incautaron de una libreta Moleskine donde Jové había escrito la «hoja de ruta» del proceso soberanista. Un plan que  hoy es una de las principal pruebas de cargo de la Fiscalía en el juicio contra los 12 líderes independentistas en el Supremo. 

Mientras la Guardia Civil se incautaba de material, los líderes de ANC y Òmnium llamaron a la ciudadanía a concentrarse ante la Conselleria. Se juntaron unas 40.000 personas. El fiscal general presentó el 23 una denuncia en la Audiencia Nacional por un delito de sedición -«alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza las órdenes de la autoridad judicial»- y señaló a los hoy procesados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Una de las «pruebas» fue la imagen de los Jordis subidos en un coche de la Guardia Civil. Pedían calma a los concentrados. Pese a ello, el fiscal les consideró «violentos». La jueza Lamela ordenó su ingreso en prisión el 16 de octubre. Aún siguen entre rejas un año y cuatro meses después.
El 1 de octubre se celebró el referéndum que Mariano Rajoy había prometido que no tendría lugar. Los Mossos decidieron no intervenir en numerosos colegios, pero también se incautaron de gran cantidad de urnas. Guardia Civil y Policía Nacional sí que cargaron contra los votantes. 

El 10 de octubre, Puigdemont proclamó la Declaración Unilateral de independencia de Catalunya, pero la suspendió al instante. El 27, el Parlament se lanzó a fondo y declaró la secesión. 

El 31 de octubre, el fiscal general presentó dos nuevas querellas a raíz de dicha declaración. Maza, que falleció de forma repentina pocos días después en Argentina, tipificó de forma indiciaria los hechos como rebelión. Una fue al juzgado de Lamela (contra el Govern destituido por el artículo 155) y la segunda al Supremo (contra los miembros de la Mesa del Parlament aforados), que recayó en manos de Pablo Llarena. 

En ese ínterin entre la admisión y las citaciones, el expresident Carles Puigdemont y varios exconsellers abandonaron España.  Menos de un mes después, Llarena asumió toda la causa y dejó a Lamela la parte que afectaba a los Mossos (esta magistrada fue premiada en julio con un puesto en el Supremo). Llarena fracasó en su estrategia contra Puigdemont y es la bestia negra del independentismo. Pero fue Sunyer quien lo empezó todo. «Cambiaste el rumbo de la historia de nuestro país», le agradeció el presidente del Supremo Carlos Lesmes. 

Tras ocho meses de instrucción, Llarena imputó rebelión a 9 acusados y desobediencia a otros 3. A partir del martes serán juzgados.