Interior irrumpe en comisarías de Mossos en busca de pruebas de sedición

Decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpieron hoy por la mañana en al menos ocho de las principales comisarías de los Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas. Bajo el brazo llevaban la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para reclamar todas las grabaciones, registros de llamadas, comunicaciones de emisora o correos electrónicos almacenados en las bases de datos de los centros regionales del cuerpo relativos al despliegue de seguridad del 1-O. Se trata de la primera gran operación del instituto armado después de que la instructora del tribunal decidiera ampliar su investigación por sedición más allá del acoso a la Guardia Civil durante los registros del 20 de septiembre y llevarla hasta el día del referéndum ilegal.             

Las ordenes a los agentes del Ministerio del Interior eran recabar en las comisarías pruebas de que los Mossos, antes y durante el 1-O, recibieron órdenes extraoficiales para no actuar el 1-O y no desalojar los colegios tomados por la muchedumbre, desobedeciendo así las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de vaciar los centros de votación.

Bajo el brazo llevaban la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para reclamar grabaciones, registros de llamadas, comunicaciones de emisora o correos electrónicos

La Guardia Civil sostiene en todos informes enviados a la Audiencia Nacional que la inacción de los policías autonómicos no fue fruto de decisiones personales, sino de instrucciones de la cúpula de la institución, encabezada por entonces por major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, imputado en esta causa junto a los líderes de ANC y y Omnium Cultural, los encarcelados Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la intendente de los Mossos, Teresa Laplana. La prioridad era encontrar comunicaciones de Trapero.

Hasta ahora Lamela se había limitado a hacer requerimientos a la cúpula del cuerpo autonómico, como el listado de los más de 6.000 agentes que participaron en el despliegue del 1-O y sus destinos o elenco de llamadas de los imputados en aquellos días.

El centro del operativo discurrió en el cuartel de Egara, en la localidad barcelonesa de Sabadell, cuartel general de los Mossos d'Esquadra, donde los funcionarios demandaron información de la sala de comunicaciones regionales del área metropolitana de Barcelona. Requerimientos similares se produjeron en las salas de mando de Plaza de Espanya (en la ciudad condal), Gerona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Tortosa o la Seu d'Urgell.                     

Decenas de funcionarios                     
Según revelaron mandos de la investigación de la Guardia Civil, los investigadores ya tienen identificados a varias decenas de los funcionarios autonómicos que el 1-O se negaron a auxiliar a las fuerzas de seguridad del Estado o que, directamente, se enfrentaron a los agentes del Ministerio del Interior. Además, están convencidos de poder probar que hubo órdenes secretas para la inacción, al menos en varios casos, que están siendo investigados por una quincena de juzgados de toda Cataluña, además del Tribunal Superior, y cuyas pesquisas ya se están solapando con las de la Guardia Civil.

Hasta ahora Lamela se había limitado a hacer requerimientos a la cúpula del cuerpo autonómico, como el listado de los más de 6.000 agentes que participaron en el despliegue del 1-O

Esos otros juzgados han ordenado varios registros. El 20 de octubre, la Guardia Civil entro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat con una orden judicial para obtener correos electrónicos. Un día antes, los funcionarios habían irrumpido en la comisaría de Ponent, en Lérida, reclamando las copias de las comunicaciones internas de los mandos. El 17 de octubre los guardias civiles accedieron a la sede central del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), a buscar las cintas de las comunicaciones internas.

Antes de conocer el contenido de todos estos archivos, el coronel Diego Pérez de los Cobos, el mando de Interior que coordinó el despliegue del 1-O ya ha zanjado que el cuerpo autonómico actuó con "absoluta pasividad" ante el referéndum y que intentó "entorpecer" a las fuerzas de seguridad del Estado.

Así lo asegura en un informe recién presentado ante el Tribunal superior de Cataluña, en el que insiste en que los disturbios de aquel domingo se podrían haber evitado "mediante una actuación anterior de cierre de locales" por parte de los Mossos.