Investigados los exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias por el 3%

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata les cita a declarar por el supuesto blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a CDC en 2009 y 2010

EFE

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El exconseller de Interior Jordi Jané, en una imagen de archivo. ACN

El exconseller de Interior Jordi Jané, en una imagen de archivo. ACN

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del 3% ha citado a declarar como investigados a los exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de facilitar el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la extinta formación.

En un auto, al que ha tenido acceso la agencia de noticias Efe, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acuerda abrir una pieza separada –con el nombre de «donaciones blanqueo»– para investigar a estos cuatro exconsellers, junto a otros ocho antiguos cargos de la formación convergente.

El juez considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, fueron «actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido», lo que podría constituir un delito de blanqueo de capitales.

De esa forma, el magistrado de la Audiencia Nacional sitúa a los doce investigados en la trama presuntamente urdida por CDC para financiarse ilegalmente con comisiones ilegales pagadas por empresarios, a cambio de garantizarles la adjudicación de obras y servicios desde las administraciones que el extinto partido controlaba.

Donaciones sospechosas

Las sospechas de la presunta participación de estos cargos de CDC en el blanqueo de capitales se deriva de una serie de donaciones que entregaron al partido entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, de una «sorprendente homogeneidad», según el magistrado.

El auto sostiene que esas donaciones «no son aparentemente cuotas de afiliados», puesto que su importe es «a todas luces excesivo para tal concepto», ni pagos o aportaciones al partido realizados por sus cargos electos.

Tampoco correspondían a una campaña de donaciones impulsada por CDC para solicitar «un esfuerzo extra a sus militantes y cargos públicos», sostiene el magistrado, que ve sospechoso que los importes investigados se abonaran en fechas «extraordinariamente próximas».

Estrategia de financiación

De todo lo investigado hasta ahora en la causa del 3%, el juez ve indicios de que «altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a ese partido político, en forma encubierta».

Esa estructura, sostiene el magistrado en su auto, no se conformó «de manera asistémica y casual», sino que obedeció a una «estrategia cuidadosamente planificada» para financiar ilegalmente a CDC», y liderada por «varias personas que se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes y distribuir los fondos ilícitos obtenidos».

Para el juez, se trataba de una «estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo», que se implementó con un «perfecto despliegue territorial e institucional» y con circuitos de coordinación definidos, en los que el exconseller Germà Gordó y los extesoreros Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau) y Andreu Viloca se encargaban de contactar con empresarios, por un lado, y con autoridades, por el otro.

Según el juez, constan «pagos corruptos» al partido ya desde antes de 1999, a través de los extesoreros Carles Torrent (ya fallecido) y Osàcar, así como indicios de que la productora Triacom Audiovisual, del empresario y exgerente de TV3 Oriol Carbó, financió ilegalmente a CDC asumiendo parte de los gastos de la campaña electoral de 2010.

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