Junts pel Sí y la CUP diseñan la ley para crear la república catalana en un año

Veinticuatro horas después de que Mariano Rajoy instara a Carles Puigdemont a renunciar a su plan rupturista, la respuesta de los secesionistas no pudo ser más contundente. No solo mantienen la hoja de ruta, con el 1 de octubre como eje del proyecto de desconexión, sino que hoy se comprometieron a aprobar en el Parlamento catalán la ley de la desconexión, calificada por los soberanistas como declaración de independencia de facto, antes de que se celebre el referéndum, a pesar de que la mayoría de la sociedad catalana (según las últimas elecciones autonómicas y generales) no suscribe la separación.            

A 34 días del 1 de octubre, Junts pel Sí y la CUP sacaron hoy del cajón la ley de transitoriedad jurídica, la norma con la que Cataluña rompería formalmente con el resto de España y empezaría a actuar como un Estado. La ley, según los planes secesionistas, solo entraría en vigor en caso de victoria del sí en el referéndum. En ese supuesto, la ley crearía el marco legal catalán alternativo al español y serviría de base para el periodo de transición, hasta que Cataluña se constituyese como una república. En esencia, la ley declara que "Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social". Se presenta como la norma "suprema del ordenamiento jurídico", el Ejército dejaría de tener jurisdicción en Cataluña, el Estado catalán asumiría el control de las fronteras y la Generalitat sería la única autoridad tributaria. El presidente autonómico se convertiría, mientras, en jefe del Estado de la República.

El periodo de transición contemplado por la norma tras el 1-O podría prolongarse durante un año, hasta el otoño de 2018. Según las estimaciones de los independentistas, tras la hipotética victoria del sí en el referéndum, la Cámara catalana proclamaría la independencia y a partir de ahí se abriría un proceso participativo de seis meses para la elebaración de una Constitución. Sobre la primavera, Puigdemont convocaría elecciones constituyentes y la Cámara resultante recibiría el encargo de redactar una Carta Magna que sería sometida a referéndum. Aprobado el marco constitucional por los ciudadanos, se celebrarían las primeras elecciones de la nueva República, de las que saldría el primer presidente de la Generalitat independiente.

Votación vinculante                    
Junts pel Sí y la CUP, que no dieron pistas sobre cuándo prevén aprobar la ley, justificaron las prisas en el hecho de que de esta forma quienes acudan a votar el 1-O lo harán con conocimiento de causa. Pero también buscan presionar a los del no (que no piensan ir a votar) sobre las consecuencias de quedarse en casa. El independentismo es consciente de que el referéndum solo será vinculante si logra una amplia participación, que supere los tres millones (más del 50% del censo).

Al secesionismo, en cualquier caso, se le acumula el trabajo, ya que en escasos 30 días tiene que sacar adelante la ley del referéndum, firmar el decreto de convocatoria de la consulta y aprobar la ley de transitoriedad. Las dos leyes secesionistas se encuentran en el mismo punto. Ambas han sido registradas en la Cámara catalana y ambas están a la espera de que la mesa las tramite, momento en que el Gobierno podría intervenir para recurrir ante el Constitucional, que las suspendería de manera automática. Si los independentistas han querido acelerar la de transitoriedad es para lanzar un mensaje de que van a por todas, para exhibir que no hay fisuras en torno al referéndum y que el proceso (a pesar de la crisis interna en el Gobierno catalán y tras la breve tregua por los atentados) coge a partir de esta semana velocidad de crucero.              

La presentación de la ley de transitoriedad intenta enmascarar, no obstante, los problemas internos del secesionismo, que ha prometido a sus fieles que llegará hasta el final, pero corre el riesgo de no cumplir las expectativas, como tras el 27-S, en que prometió la creación de un Estado catalán en 18 meses y transcurrido ese periodo Cataluña parece abocada a repetir un nuevo 9-N. El PDeCAT, el gran perdedor del proceso catalán, vuelve además a claudicar ante Esquerra y la CUP, ya que los antiguos convergentes no eran partidarios de aprobar la ley de transitoriedad jurídica hasta después del referéndum, pues, según señaló la coordinadora del partido, Marta Pascal, es necesario un "mandato" previo de las urnas. Pascal fue desautorizada hoy mismo por Junts pel Sí y la CUP, en especial por su compañero Lluís Corominas, portavoz de la coalición, que fue quien llevó la voz cantante en la presentación de la norma.            

La propia Pascal dejó entrever la mala salud el soberanismo, sobre todo al trascender el encuentro del sábado por la noche entre Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Xavier Domènech en casa del empresario Jaume Roures, una cita, dijo, que "huele a tripartito" de izquierdas, entre Esquerra, Catalunya en Comú y la CUP. Una forma de decir, que el proceso podría acabar en elecciones y en ruptura del frente secesionista.