La Fiscalía no se opone al cierre de bares y restaurantes decretado por el Govern

La Fiscalía sostiene en sus informes que las medidas planteadas por la Generalitat no suponen vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos

15 octubre 2020 15:53 | Actualizado a 15 octubre 2020 16:02
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La Fiscalía Superior de Catalunya no se opone a las medidas que el Govern anunció ayer para frenar la pandemia de coronavirus en Catalunya y que todavía no han entrado en vigor, a la espera de que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) resuelva si las ratifica.

Según han informado fuentes jurídicas, el ministerio público, al ser consultado por el TSJC sobre las restricciones anunciadas por la Generalitat, ha emitido un informe en el que no pone objeciones a las nuevas medidas sanitarias propuestas por el Gobierno.

La Fiscalía sostiene en sus informes que las medidas planteadas por la Generalitat no suponen vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que cree que no son desproporcionadas.

El gobierno catalán ha pedido al TSJC que avale las restricciones aprobadas ayer en el marco del Procicat, que incluyen el cierre de bares y restaurantes durante un mínimo de 15 días, limitar el aforo de los comercios al 30%, reducir el de cines y teatros al 50%, y suspender las actividades deportivas no profesionales.

Tras recibir la petición de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le ha pedido que aclarara, de manera urgente, cuáles de sus medidas para frenar la pandemia en Catalunya afectan derechos fundamentales.

Además, la sala de lo contencioso del alto tribunal catalán ha urgido a la Generalitat a subsanar algunos defectos de forma del escrito remitido, en el que no figura ni firma, ni fecha ni el número de decreto que se somete a revisión del TSJC.

La intención de la Generalitat es que las medidas anti-Covid, acordadas para cortar la propagación de la pandemia ante el aumento de casos de coronavirus en Catalunya en los últimos días, entren en vigor mañana, una vez sean avaladas por el alto tribunal catalán.

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