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Los problemas se le acumulan al conseller catalán del Interior, Miquel Buch. Cuestionado desde amplios sectores del independentismo por la actuación de los Mossos durante los disturbios tras la sentencia del Supremo, aunque ayer JxCat y ERC se negaron a apoyar una moción parlamentaria de la CUP para pedir su cese, Buch sumó una nueva querella. En este caso de la Fiscalía Superior de Catalunya que le acusa de prevaricación y malversación por nombrar como asesor a un sargento de los Mossos para que presuntamente siguiera haciendo servicios de escolta al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su huida a Bruselas.
La denuncia, impulsada por Ciudadanos, fue registrada ayer por el TSJC, a la espera de si la admite a trámite. La Fiscalía cifra en 52.712 euros la cantidad presuntamente desviada por la remuneración que el agente recibió como asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019. El consejero del Interior negó ayer lo que le imputa el Ministerio Público. «No, en ningún caso. No está en mis competencias hacer esto», dijo.
«No me consta oficialmente ningún escrito ni ningún tipo de acusación. Cuando sea oficial o lo reciba, porque solo tengo las especulaciones por los medios, haremos las manifestaciones correspondientes», señaló el conseller, que compareció junto al secretario general de Interior, Brauli Duart, y el director de los Mossos d’Esquadra, Pere Ferrer. Buch también manifestó «la tranquilidad absoluta» por el trabajo realizado desde la Conselleria de Interior, tanto por su parte como por los trabajadores que la integran.
El conseller también agradeció al Parlament «la confianza» hacia su persona y al cuerpo de los Mossos después de que la cámara catalana haya rechazado reprobar su gestión ante los altercados que se produjeron tras la sentencia del Supremo. Preguntado por la identificación de los antidisturbios de los Mossos, Buch dijo que se trata de una medida que ha salido adelante y que hace meses que lo hicieron público pero ha añadido que la contratación pública no es tan ágil como la privada y que es algo que va más lento: «Estamos en el trámite».
«Saben que esto es falso. Hace tiempo que tienen un problema con la realidad. Todo mi apoyo al conseller Buch y a Lluís Escolà. No lo conseguirán», afirmó Puigdemont. Según la Fiscalía, Escolà formaba parte del servicio de escoltas de Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat, entre 2016 y 2017. Y el agente habría «auxiliado», de acuerdo a la versión del Ministerio Público, junto a otros policías del cuerpo autonómico para facilitar su huida el 29 de octubre de 2017, dos días después de la declaración unilateral de independencia.
