La Generalitat ve 'pertinente' autorizar actos electorales en las cárceles

La consellería de Justicia ha remitido un informe a la Junta Electoral en el que ve "pertinente" autorizar actos electorales en las cárceles catalanas, siempre que no sean multitudinarios, no afecten a las actividades del centro y que solo asistan los presos que hayan pedido ejercer su derecho a voto.

Así lo sostiene la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, que este martes ha enviado a las Juntas Electorales Provinciales de Barcelona, Girona y Tarragona para responder a su requerimiento sobre el criterio de la Generalitat de que un partido pueda celebrar en prisión una acto de campaña dirigido a la población reclusa.

La Junta Electoral solicitó el pasado 12 de abril este informe a la consellería dirigida por la republicana Ester Capella después que la coalición ERC-Soberanistes solicitara poder celebrar actos de campaña en los centros penitenciarios de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric, donde han estado encarcelados durante meses los exconsellers y activistas del "procés" juzgados actualmente en el Tribunal Supremo.

El escrito de Justicia destaca que, para garantizar que los presos tengan un información "precisa" a la hora de ejercer su derecho al voto, "sería pertinente autorizar la entrada de los candidatos en los centros penitenciarios para que, en un espacio habilitado al efecto, pudiesen llevar a cabo su campaña electoral".

La Constitución española permite votar a los condenados a cárcel, a excepción de los que tengan expresamente limitado este derecho

La Generalitat enfatiza que la normativa penitenciaria no establece "ninguna prohibición expresa" para celebrar actos electorales en prisión, "sin perjuicio de las cuestiones de seguridad interior que se puedan establecer".

Por este motivo, ve "posible" que los partidos puedan realizar actos en las cárceles, aunque con "limitaciones" de seguridad y de respeto al pluralismo político, la transparencia, la proporcionalidad y la neutralidad.

El escrito, firmado por el secretario general de Medidas Penales, Armand Calderó, recuerda que la Constitución permite votar a los condenados a cárcel, a excepción de los que tengan expresamente limitado este derecho, y que el mecanismo habilitado es el voto por correo.

El escrito también deja claro que los actos no podrían ser multitudinarios, ya que el número de asistentes se tendría que adaptar a la capacidad del lugar elegido para su celebración

Para ejercer el derecho a voto, es necesario que los internos dispongan de información "precisa" sobre los distintos programas electorales de los partidos políticos que concurren en cada campaña, según Calderó.

"Una de las maneras de posibilitar este conocimiento es la explicación directa y personal de los diversos programas por parte de los candidatos", resalta el escrito.

Debido a las exigencias relacionadas con la seguridad, cada partido político podría realizar un único acto en el interior de cada centro penitenciario, sin superar los 60 minutos y sin afectar las actividades que se llevan a cabo en la "vida ordinaria" de cada prisión, según el informe.

Para poder realizar el acto de campaña, se tendría que solicitar con un mínimo de cinco días de antelación, para permitir la correcta planificación del resto de actividades del centro

El escrito también deja claro que los actos no podrían ser multitudinarios, ya que el número de asistentes se tendría que adaptar a la capacidad del lugar elegido para su celebración, que sería decidido por la dirección de cada centro.

Según el informe, los presos que están en condiciones de poder ejercer su derecho a voto en cada proceso electoral son los únicos que podrían acudir a los actos de campaña en la cárcel, sin contar con los que estén en primer grado, que lo tendrían vetado.

También especifica que el candidato que llevara a cabo el acto electoral podría acceder al centro acompañado de dos personas de su gabinete.

Para poder realizar el acto de campaña, se tendría que solicitar con un mínimo de cinco días de antelación, para permitir la correcta planificación del resto de actividades del centro, si bien en el caso de la solicitud planteada por ERC esta previsión no sería ya posible debido a su "inmediatez".