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El teniente de la Guardia Civil del 20-S -ahora capitán- ha contradicho el relato del exjefe del Diplocat, Albert Royo, al manifestar que la Generalitat de Catalunya gastó cerca de 390.000 euros, no en visitantes ni expertos, sino en tres grupos de "observadores" electorales internacionales para el 1-O.
En su testifical en el juicio del "procés", el oficial que participó en el registro al Diplocat ha señalado que pidió información sobre los gastos y estancias de los grupos de observadores a la Intervención General de la Generalitat, convencido de que "en su deber de colaboración" les facilitaría esos pagos. "Nos dicen que no había ningún gasto", ha destacado el capitán.
Pero el alto mando de la Guardia Civil ha dicho que los gastos suman hasta 390.000 euros, de los cuales 270.000 fueron pagados por Diplocat y 120.000 por la delegación del Govern en la UE.
En concreto, Diplocat pagó 170.000 euros al Election Expert Research Team encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda que, según un borrador de acuerdo con la Generalitat del 14 de septiembre, iba a "supervisar de forma objetiva el proceso de votación" y, de hecho, emitió un informe de 49 páginas donde se detalla como llevó cabo el 1-O.
Luego, otros 65.000 euros al grupo de 33 personas, encabezado por Dimitrij Rupel, exministro de Asuntos Exteriores esloveno, que vinieron a trabajar contratados por Diplocat dentro de lo que denominó el "programa de visitantes", si bien en su informe declararon que su cometido fue observar el referéndum.
En cuanto al grupo de International Limited Observation Mission (ILOM), liderado por el exembajador holandés Daan Everts, el agente ha dicho que la delegación del Govern en la UE, que depende de Exteriores, pagó 120.000 euros por un informe de cinco páginas.
Dicho informe fue realizado el 3 de octubre por este grupo que se definió como "un equipo de expertos en elecciones internacionales que han observado el referéndum".
A estas cantidades su suman 35.000 euros de un "workshop experts", para alcanzar los 390.000 euros de pagos a observadores, lejos de lo 40.000 euros que admitió el exjefe del organismo en su declaración ante el Supremo, un aspecto clave para las acusaciones a la hora de justificar la malversación que atribuye a todos los acusados del Govern de Carles Puigdemont.
El capitán no solo ha contradicho a Albert Royo en las cantidades sino también la misión de los equipos internacionales dejando claro que eran observadores y no, como dijo el exjefe de Diplocat, "expertos" a los que se les encargó meses antes del 1-O un "análisis académico" de la "realidad catalana".
Pero también lo ha hecho cuando ha destacado la dependencia orgánica de Diplocat respecto de la Consellería de Acción Exterior afirmando que "era un brazo muy importante" del departamento del exconseller Raül Romeva -muy expresivo a lo largo del interrogatorio al guardia civil- pese a que Royo desvinculó funcional y jerárquicamente a Diplocat de la Generalitat.
Al respecto, el capitán ha destacado un correo incautado que envió Romeva el 27 de septiembre a su ex número dos Aleix Villatoro y a su ex jefe de gabinete Iván Altisent en el que remarcaba la función del Diplocat era "invertir el relato que hay sobre el proceso independentista en el exterior".
En ese correo, Romeva les escribe una propuesta de comunicación que ha trasladado a Albert Royo porque "tiene ciertas diferencias con la actividad que está teniendo el Diplocat".
En esa propuesta, plantea recordar a Royo que aunque el Diplocat es un órgano independiente, "forma parte de la red internacional de la Generalitat que se coordinada desde el departamento de Exteriores".
"Dice: A pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional hemos podido funcionar como un verdadero ministerio de Exteriores en el que el Diplocat es un brazo muy importante, tanto por su presupuesto (el 85 por ciento era de la Generalitat) como por la acción exterior", según ha explicado el guardia civil.
