La Guardia Civil irrumpe de nuevo en Parlament de Catalunya

La operación se enmarca en la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para determinar si el gobierno catalán malversó fondos públicos en la organización del citado referéndum

07 marzo 2019 09:02 | Actualizado a 07 marzo 2019 09:40
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Dos agentes de la Guardia Civil se personaron ayer en el Parlament para pedir información sobre el acto sobre el referéndum de independencia del 1-O, que se celebró en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) en julio de 2017, por orden de la juez que investiga los preparativos del referendo. Según informaron  fuentes próximas al caso, los agentes, vestidos de paisano, reclamaron las facturas de pago de ese acto, que costó más de 17.000 euros y que Junts pel Sí (JxSí) -grupo que integraban CDC, ERC e independientes- dijo en su día que las había abonado su grupo parlamentario.

La operación se enmarca en la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para determinar si el gobierno catalán malversó fondos públicos en la organización del citado referéndum.

Fuentes del Parlament señalaron que una pareja de agentes en funciones de policía judicial había presentado un escrito, en el registro de la cámara catalana, solicitando información sobre gastos de los grupos parlamentarios de la anterior legislatura.
Los agentes dejaron las armas en la entrada del Parlament y no llevaron a cabo ningún registro, más allá de solicitar esta información por escrito.

El 4 de julio de 2017, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentó en el TNC detalles de la ley para dar cobertura al referéndum que el Govern planeaba celebrar el 1 de octubre de ese año, un acto al que acudieron los demás miembros del ejecutivo.

La Guardia Civil sospecha que el grupo parlamentario de JxSí pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía este acto en el Teatre Nacional de Catalunya, que costó 17.690 euros.

Así lo sostiene la Guardia Civil en un informe que remitió el pasado año al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y en el que cifra en un total de 1,9 millones los fondos públicos que el Govern destinó supuestamente a la organización del referendo de independencia.

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