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La decisión de las empresas de trasladar su sede social e incluso fiscal a otra comunidad autónoma se ha convertido en un termómetro para medir la situación política en Catalunya. Si se usa esta escala puede afirmarse que en la última semana la situación ha mejorado. En concreto, el goteo de compañías que cambiaron su domicilio social se redujo a la mitad en los últimos cuatro días (el dato del viernes se conocerá hoy). De hecho, entre el lunes y el jueves tomaron la decisión de cambiar su sede un total de once empresas, frente a las 23 que lo hicieron la semana anterior –22 si también nos fijáramos en los datos de los cuatro primeros días–, según el Colegio de Registradores de España.
El dato también es significativo por un segundo aspecto. La cifra de once empresas que cambiaron su domicilio representa que, por primera vez después de cuatro semanas consecutivas, el total de operaciones que se registraron no llega a veinte. El pico fue en la tercera semana de octubre, cuando el registro mercantil de Tarragona recibió un total de 27 solicitudes. De hecho, en un solo día, en concreto el 19, se registraron trece cambios de domicilio. Coincidió con la segunda fecha que había fijado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que Carles Puigdemont aclarase si había proclamado la república catalana o no.
Según datos del Colegio de Registradores de España, desde el pasado 1 de octubre la fuga de empresas en la demarcación alcanza las 109. Mientras que en Lleida hay otros 92 casos, en Girona 56 y en Barcelona el dato se dispara hasta las 2.131. Sumando las cuatro provincias catalanas estamos hablando de 2.388 cambios de domicilio.
¿Hay boicot?
Junto con los cambios de domicilio, una de las amenazas para la economía catalana ha sido el boicot a los productos catalanes por parte de los consumidores del resto del Estado. Según el informe ‘El impacto del desafío independentista en la reputación de las empresas catalanas’, elaborado por Reputation Institute, un 23% de los consumidores españoles de fuera de Catalunya ha dejado de comprar productos procedentes de esta región. Asimismo, otro 21% contempla tomar esa medida en el futuro. Sin embargo, desde el sector empresarial ponen en duda esas cifras tan elevadas. «Si hubiera un boicot de una quinta parte de los consumidores españoles estaríamos en la ruina», señala Carles Rivadulla, vicepresidente de Empresaris de Catalunya, una asociación que defiende la permanencia de Catalunya en España.
En la misma línea, el 92% del comercio catalán niega haber sufrido un boicot a sus productos, según la patronal Pimec. También el presidente de la CEOE, Juan Rosell, reclamó hace unos días que no se produjese un boicot. De hecho, varias empresas extremeñas, andaluzas y de Aragón ya han dicho que les está perjudicando el boicot, ya que son proveedores de estas sociedades.
