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Hasta ahora era una sospecha muy firme entre las fuerzas de seguridad, pero ahora ya está negro sobre blanco en un documento judicial. La juez Carmen Lamela, que investiga la supuesta pasividad de los Mossos d’Esquadra el 1-O, ya no tiene dudas. Considera probado que «los altos mandos» del cuerpo autonómico, «dirigidos por Josep Lluís Trapero» (ya imputado en esta causa), «impartieron determinadas órdenes a los agentes que fueron transmitidas desde las ocho Regiones Policiales de Mossos, comunicándoles oralmente una serie de instrucciones o pautas de actuación distintas y contradictorias a las escritas» en las que se daban instrucciones para obedecer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y desalojar los colegios de votación.
Lamela –en un auto fechado el pasado 2 de noviembre y en el que resuelve varias peticiones de la Brigada Provincial de Información de Barcelona– hace un largo resumen del estado de su investigación sobre la supuesta sedición en la que habría participado Trapero y otros agentes. La instructora acusa directamente a la cúpula de la institución de haber desobedecido las órdenes del Tribunal Superior de Catalunya «enmascarando» su actuación bajo los principios de «proporcionalidad, congruencia y oportunidad», cuando en realidad «el día del referéndum no actuaron ninguna de las unidades especializadas en control de masas y tampoco hicieron nada antes de las 06:00 horas de la mañana, sabiendo que se habían hechos numerosísimos llamamientos a los ciudadanos para que ocupasen los colegios de votación» y «sin que se adoptasen medidas para evitarlo».
La instructora descalifica con crudeza, por «genérico y ambiguo», el documento que la cúpula de los Mossos envió el 29 de septiembre a todas las comisarías y en el que Trapero ordenaba el desalojo de los centros de votación, al tiempo que prohibía a los agentes hacer uso de la fuerza, ni siquiera de las defensas (porras), para vaciar los colegios ocupados. Con estos antecedentes, la juez zanja que «la inacción de los Mossos, ya desde los días anteriores al 1 de octubre, y este mismo día durante la celebración del referéndum, fue manifiesta».
El cuerpo autonómico se puso de perfil «como consecuencia de las instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando dirigida por Josep Lluís Trapero, en conexión directa con los miembros comité estratégico, entre los que se encontraban Jordi Sánchez y Jordi Cuixart», los líderes de ANC y Omnium, encarcelados hace un mes.
Análisis interno en marcha
Por otra parte, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra empezó ayer a citar a agentes del cuerpo por su actuación en la jornada del 1-O, especialmente a los que aparecen en los 41 vídeos que investiga la Audiencia Nacional en la causa abierta por la supuesta pasividad de la policía catalana.
La Policía Autonómica abrió a finales de octubre una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido desde la jefatura del cuerpo para impedir la votación del 1-O, como había ordenado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Fuentes policiales detallan que la mayoría de los primeros agentes que serán citados a declarar son los que han sido identificados en los 41 vídeos que grabaron la Policía Nacional y la Guardia Civil en los alrededores de los puntos de votación del 1-O.
