'La justicia debe ser ciega pero también sensible al contexto social'

Los juristas consideran que el contexto no debe influir generalmente en las decisiones judiciales, pero reconocen que los recientes encarcelamientos de políticos catalanes «han sido desafortunados» y «desproporcionados». Aun así, recalcan que la magistrada «tiene su autonomía que puede aplicar y que debe acatarse». 

Manel Albiac, decano del Col·legi d’Advocats de Tarragona, considera que una resolución judicial de estas características «tiene un gran impacto social y mediático», por lo que el juez «debe cuestionárselo». Albiac considera que «el problema es que los políticos no han hecho su trabajo y han llevado el caso hasta la justicia». 

Su antecesor en el cargo, Antonio Salas de Córdoba, indica que «para tomar una decisión de estas características, el juez debe tenerlo en cuenta todo y preguntarse si podía lograr su objetivo con los métodos más flexibles posibles».

Salas cree que antes de tomar la decisión de encarcelar a los representantes políticos «la magistrada lo debió tener en cuenta» y recuerda que la defensa de los exconsellers «tienen la posibilidad de recurrir, que es lo que yo haría». Sobre el decreto de prisión incondicional, el exdecano considera que «respetando la autonomía de la juez, creo que se trata de una medida excesiva».  

Otro exdecano es Antoni Vives Sendra: «El juez debe aplicar la normativa. En materia Civil sí que tiene un poco más de margen, ya que el propio código dice que debe tenerse en cuenta el contexto, pero en Penal se aplica el principio de legalidad, con independencia del entorno y del contexto». 

A juicio de Vives, los magistrados «deben usar su autonomía y aplicar la norma según los agravantes o los eximentes». Pese a ello, el abogado tiene claro que «es una evidencia que los jueces son personas y que viven en una sociedad, pero en el estado de derecho se aplica la ley». 

Otro exdecano es Anton Húber, quien es partidario de que los jueces «tengan en cuenta el contexto social, pero no el político». El letrado argumenta que la propia ley otorga a los magistrados una «discrecionalidad»  que les permite evaluar «las circunstancias para modular» los hechos y establecer, si es el caso, de que se aplique en mayor o mayor grado la legalidad vigente. Húber afirma que la actualidad política no puede influir «de ninguna manera». Lamenta que la medida aplicada es «desafortunada». Afirma que «al no estar en el ejercicio de su cargos es muy difícil que puedan destruir pruebas y que reincidan».

Antoni Pigrau, catedrático de derecho internacional público y profesor en la URV, opina que «el juez tiene que aplicar la ley pero la ley se puede interpretar de diferentes maneras». Pigrau apuesta por «tener en cuenta el contexto social», y añade: «Hay que tener en cuenta la realidad de lo que pasa, y ver si se ajusta o no. Entre los penalistas, abunda la opinión de que los delitos de rebelión y sedición que describe la Fiscalía no se ajustan a la realidad».

Críticas al encarcelamiento
Para el abogado Francisco Zapater, la prisión no fue la mejor opción: «Había base suficiente para decretar la libertad provisional». Zapater se pregunta: «¿Debe el juez tener en cuenta las consecuencias de sus actos?. Sí, siempre que no se salga del marco que le permita la ley. Si la ley te permite dejarlos en libertad y tú eres consciente del bombazo que es una prisión provisional… el juez debe ser cauto y comedido». Zapater habla de «inoportunidad». 

Salvador Mestre, abogado de Reus de la asociación Advocats Voluntaris 1-O, cree que «la justicia debe ser objetiva y restrictiva», aunque afirma que ya introduce el legislador el concepto de la «alarma social» para tener en cuenta. Mestre compara la medida de prisión con la que ha adoptado la justicia belga o la del Supremo, que aplazó la declaración de los miembros de la mesa del Parlament. «El Supremo no apreció ningún riesgo. La decisión de la jueza es inapropiada», añade. 

Por su parte, Montserrat Comas, portavoz de Jueces por la Democracia y magistrada en la Audiencia Provincial de Barcelona, argumenta que «el artículo 3 del Código Civil dice que la interpretación de las leyes debe hacerse de acuerdo no sólo con su literalidad sino con el contexto social». «Eso no significa que se puedan introducir criterios de oportunismo político en la resolución pero los jueces deben tener en cuenta el contexto», concluye la jueza.