La mesa de diálogo nace coja y enfrenta al independentismo

La «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político» fue la pieza que desencalló el pacto entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. Un foro en el que se sentarán Gobierno y Generalitat y en el que todas las partes «aportarán con libertad de contenidos sus propuestas». Si acaba habiendo acuerdos, serán sometidos a «validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político».

Esta es la teoría. Es lo que dice el acuerdo entre socialistas y republicanos. Porque ya empiezan a vislumbrarse problemas que anticipan que la mesa va ser un continuo quebradero de cabeza para unos y otros a lo largo de la legislatura. El pacto establece que los trabajos comenzarán en el plazo de quince días desde la formación del Gobierno. Por lo tanto, antes del 4 de febrero debería celebrarse una primera reunión.

Quim Torra y Carles Puigdemont recelaron en un primer momento del acuerdo suscrito entre PSOE y ERC. Se desmarcaron de forma contundente. Pero temen que los republicanos cobren todo el protagonismo y ahora Torra está dispuesto a liderar las negociaciones por la parte catalana. De entrada, exige una reunión previa con Pedro Sánchez. Ambos hablaron el jueves pasado y acordaron verse una vez se forme el Gobierno. El encuentro aún no tiene fecha.

Y además, el president quiere reunir a todos los actores del independentismo (JxCat, ERC, CUP, ANC y Òmnium) para pactar la posición del Govern en la negociación. El acuerdo es a día de hoy muy complicado teniendo en cuenta la visión tan dispar que tienen sobre la hoja de ruta. Unos apuestan por mantener el desafío unilateral al Estado, mientras que ERC se ha inclinado por una vía más pragmática.

La ANC quiere fiscalizarla

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), por ejemplo, reclama que la mesa catalana «esté formada exclusivamente por partidos, entidades y actores sociales independentistas». La ANC precisó ayer que, en el caso de En Comú-Podem, «ya estará representado en la mesa de diálogo bilateral como miembro del Gobierno PSOE-UP y no tendría sentido que estuviera en los dos lados de la mesa». Asimismo, la ANC considera que la mesa bilateral debe usarse exclusivamente para «negociar los términos de la independencia en base a una mayoría parlamentaria independentista en el Parlament o un referéndum binario sobre la independencia acordado con el Estado y vinculante». Finalmente, la ANC, como «entidad independentista más importante de la sociedad civil», quiere arrogarse la potestad de hacer un «seguimiento y control» de la mesa catalana, es decir de «fiscalizarla».

Por otra parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, aseguró ayer que el president Torra sigue siendo diputado pese a la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) y que, como tal, «podrá participar y votar con normalidad» en el próximo pleno. En Catalunya Ràdio, Torrent fue contundente al argumentar que el Parlament se rige por un reglamento que estipula los requisitos para que el president deje de serlo y, entre ellos, «no está la inelegibilidad sobrevenida» a la que hace referencia la JEC.

«Lo he dicho desde el primer día: solo en el Parlament recae la soberanía de los catalanes, expresada por la voluntad popular de los ciudadanos. Per ello no aceptaré, ni acataré, ninguna otra decisión que no sea la que el propio Parlament, en votación en el pleno, pueda tomar», señaló en Twitter el propio president Torra.