¿La reforma constitucional como solución?

Una reforma de la Constitución que conduzca hacia una España federal es la gran apuesta del PSOE para resolver la crisis en Catalunya. Esta semana, el PP ha dado un primer paso para sumarse a ella después de que Mariano Rajoy asumiera tras años de negativas que es razonable acometer una revisión de la Carta Magna.

Una actualización de la norma fundamental es algo que solo se ha dado en dos ocasiones en España. La primera fue en 1992 para adecuarla al Tratado de Maastrich. La segunda tuvo como objetivo modificar el artículo 135 para fijar por ley la estabilidad presupuestaria. Pero, de darse finalmente una reforma, esta vez debería de realizarse a fondo y con la incertidumbre de si realmente servirá como solución al problema territorial en general y al catalán en particular, algo sobre lo que los expertos en derecho mantienen distintas posiciones.

Actualizar la Carta Magna es la opción acertada, según Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. En su opinión, la reforma es la respuesta, «aunque no debe de hacerse pensando solo en que sirva de freno al independentismo, sino en que hay sobradas razones para llevarla a cabo». La revisión, además, debe ser en profundidad, añade Solozábal, quien cree necesario «acometer un reajuste de territorios, pueblos, nacionalidades o como se quieran llamar». El catedrático añade que no solo sería necesario un referéndum, sino que habría que celebrar dos. Uno para refrendar el apoyo a la reforma y otro después de haber actualizado el Estatuto de Cataluña en base a los cambios en la Constitución. 

Un primer paso

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Héctor López Bofill, asumir la necesidad de reformar la norma fundamental es un primer paso. No obstante, considera que hallar una solución al problema catalán por esta vía sería muy complicado. Lo justifica en que la revisión debería tener en cuenta las reivindicaciones de las personas que acudieron a votar el 1-O. Entre ellas, el reconocimiento nacional de Catalunya, lo que incluiría una cesión de poderes en los que el Estado central no podría intervenir, y una mejora de la financiación autonómica. El problema, explica, es que esto sería casi imposible de aceptar para el PP, indispensable para sacar adelante la actualización de Constitución.             

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED, aprueba revisar la Carta Magna porque España se ha transformado en las últimas cuatro décadas, pero se declara pesimista respecto a que sirva para aplacar el ansia soberanista. «El independentismo no cabe en ninguna Constitución», zanja. 

Los constitucionalistas también se dividen a la hora de valorar la responsabilidad de la Carta Magna en la crisis catalana. Solozábal mantiene que hace tiempo que se debería haber puesto sobre la mesa una reforma en profundidad. «No para corregir, sino por perfeccionar», afirma antes de recordar que la constitución alemana se ha retocado hasta en 60 ocasiones. En opinión de López Bofill, el problema no está en la redacción de la norma en 1978, sino su interpretación. Y pone dos ejemplos. El primero es la sentencia del Tribunal Constitucional que invalidó parte del Estatut. El otro, la incapacidad para abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación que pide «una inmensa mayoría» de catalanes.