La simplificación administrativa, en el olvido

La supresión de las diputaciones. La eliminación o, al menos, transformación del Senado en una cámara territorial realmente útil. La fusión de los Ayuntamientos más pequeños para facilitar la concentración de servicios. La instauración de veguerías en Catalunya que debería suponer la desaparición de los Consells Comarcals y la reconversión de las Diputaciones... El elenco de propuestas políticas, estudios de expertos y, sobre todo, planes concretos del Gobierno de turno para simplificar la Administración han sido casi innumerables.

¿Qué ha pasado con esas ideas que debían aligerar el gigantesco gasto, no tanto en funcionarios, sino en cargos políticos? Que han quedado en el olvido. La inestabilidad política en España (repetición de las elecciones generales, un fugaz gobierno del PP derrocado por una moción de censura, el aún más fugaz ejecutivo socialista, la más que posible nueva repetición electoral...) provoca que cualquier proyecto a largo plazo y que necesite consenso sea imposible de aprobar. En Catalunya, más de lo mismo. O peor. El monotema de la independencia y un Govern que no gobierna y tiene unos presupuestos prorrogados aparcan cualquier proyecto de simplificación administrativa.

La falsa cifra de 445.568 políticos

A la espera de que los políticos españoles y catalanes sean capaces, al menos, de formar gobierno y ponerse manos a la obra, el ciudadano sufraga un enorme elenco de cargos. Las webs ultras hablan de 445.568 políticos en España «financiados por todos nosotros, los españoles». Dichas webs aprovechan, cómo no, para exigir la desaparición de las autonomías.

La cifra es, como han demostrado otros estudios, exagerada. Incluye no solo a diputados, senadores, alcaldes, políticos autonómicos, sindicalistas liberados (los cuantifica en 65.130 en toda España), eurodiputados..., sino también a los responsables, por ejemplo, de los organismos de trasplantes y donaciones y del Plan Nacional sobre Drogas.

Cifras como esa, añadidas a la incapacidad de los políticos de hacer algo más que insultarse, inducen a los ciudadanos a verlos como el segundo problema más grave de España, tras el paro.

El ejercicio de contabilizar a los políticos puede ajustarse más a la realidad. En Catalunya el Govern de la Generalitat cuenta con el President y trece consellers/es, un Parlament de 135 diputados, las cuatro diputaciones provinciales con sus 130 miembros electos, los 41 Consells Comarcals en los que hay 1.032 políticos, los alcaldes de los 947 municipios, los poco más de 9.000 concejales y los respectivos delegados o responsables territoriales en los siete ámbitos en que la Generalitat divide Catalunya (Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Comarques Centrals, Girona, Àrea Metropolitana y Ponent). Suman un total de 11.425 cargos.

Salvedades, las que se quieran. La básica, que son cargos, no personas, porque tanto los miembros de la Diputació como los de los Consells Comarcals son concejales, es decir, que son la misma persona. De igual modo, los miembros del Govern son diputados al Parlament. Además un altísimo porcentaje de concejales de pueblos pequeños no cobra. Y la ley determina que los cargos políticos no pueden percibir dos sueldos públicos. De ahí que algunos alcaldes ‘presuman’ de que su salario no lo paga el correspondiente municipio, pero sí cobran del Parlament o de la Diputació. El origen es el mismo: el erario público, ya sea municipal, provincial, autonómico o estatal (si cobran como senadores o diputados en el Congreso en Madrid).

En esa cifra de 11.425 cargos no se han contabilizado, por la complejidad de sumarlos con exactitud, los asesores en las diversas administraciones, los altos cargos políticos en los diferentes departamentos de la Generalitat, los responsables de empresas públicas o semipúblicas de toda índole, el personal político de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero (lo que PP, Ciudadanos, Vox y la caverna mediática denominan «embajadas»)...

El Ayuntamiento de Tarragona destina cada año 547.691 euros a cargos de confianza y la Diputació 968.000 euros. El ente provincial cuenta con 27 asesores y el Ayuntamiento, con 17. El asesor es una figura imprescindible porque el político no puede saberlo todo, pero en muchas ocasiones se convierte en una forma de colocar a cargos del partido o incluso de financiarlo directamente ya que el asesor ‘devuelve’ al partido un porcentaje de su sueldo.

Más allá de polémicas sobre la cifra exacta de políticos, lo cierto es que sobre los tarraconenses penden seis administraciones: la Unión Europea, el Estado, la Generalitat, la Diputació, los diez Consells Comarcals y los 183 Ayuntamientos. ¿Es necesaria una simplificación? ¿Se superponen unas a otras?

El doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho Administrativo de la URV Josep Ramon Fuentes apunta que «si todas las administraciones funcionasen con lealtad institucional, no habría superposiciones. El problema es que hay una competición entre ellas». En este sentido, Fuentes alaba el modelo alemán y su «cooperación institucional no política».

«El Estado central aplica una política recentralizadora desde hace años, especialmente en Catalunya. No es leal con las competencias autonómicas que establece la Constitución», considera. «La Generalitat, por su parte, intenta limitar muy frecuentemente competencias a las administraciones locales», añade.

Menos administración estatal

El experto no cree que la Diputació y los Consells Comarcals se dupliquen, sino que «hay un buen sistema de acuerdo. Por tanto, en Catalunya no hay mucha superposición, sino que existe un cierto orden. Y el personal que puede tener una diputación de una provincia andaluza similar a la de Tarragona sería casi el mismo que el de la Diputació de Tarragona y los diez consells comarcals».

Fuentes sostiene que, para reducir gastos y simplificar burocracia, sería necesario «primero, vaciar la Administración del Estado, como sucede en Alemania, en que se tiende a adelgazar la administración federal. Además si la Generalitat y las diputaciones actuasen más a través de los Consells Comarcals, habría menos duplicidades. Y las administraciones deberían ser conscientes de dónde pueden adelgazarse».