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Los letrados consideran que hay muchas posibilidades de que hoy el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decrete la prisión preventiva para el tercer candidato a la investidura de Junts per Catalunya, Jordi Turull, quien ya fue encarcelado entre el 2 de noviembre y el 4 de diciembre en el centro penitenciario de Estremera.
Los juristas consultados por el Diari consideran que varios son los factores que hacen prever que el político del PDeCAT podría volver a estar privado de libertad de inmediato.
Joan Queralt: «Que el juez cite el artículo 505 de la LEC es un mal indicio. Parece que fuerce que le pidan que decrete la prisión preventiva»El primero sería el sorprendente cambio de criterio de Llarena, ya que el pasado 1 de marzo (hace escasamente tres semanas) el magistrado declaró «compleja» la causa, por lo que amplió la instrucción debido al gran número de imputados y la abundancia de documentos que se deben examinar.
Francisco Zapater: «Es un Dragon Khan procesal. Para que se decrete cárcel preventiva debe pedirlo el fiscal o la acusación particular»Veinte días después, sin embargo, Llarena citó para hoy a los investigados para comunicarles que pasan a tener la condición de procesados.
Asimismo, los especialistas ven especialmente destacado que, en su interlocutoria, el magistrado cite el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reza textualmente:
«Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, este, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras –en este caso, Vox–podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza».
Citar este artículo «podría derivar en una revisión de la anterior comparecencia para adoptar medidas cautelares nuevas», indica el miembro del Col·lectiu Drets, Ramon Setó, quien critica contundentemente la instrucción llevada a cabo por parte de Pablo Llarena. «La división de poderes está quedando en entredicho.
Ramon Setó: «La división de poderes en España queda en evidencia ante todas las instituciones europeas»Todas las instituciones europeas están viendo la actitud totalitaria, donde no se respetan los derechos fundamentales».
Sobre ello, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Queralt, indica que nombrar el 505 «es un mal indicio» para Turull, ya que «da la sensación de que fuerce que le pidan el encarcelamiento». Queralt asegura que «me he leído varias veces las interlocutorias y no veo por ninguna parte el delito de rebelión y sedición, ya que no hay ningún alzamiento violento».
Antoni Vives: «Podría volver a decretarse la prisión provisional por el riesgo de reiteración delictiva»1,6 millones de euros
Asimismo, la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Supremo un informe fechado el 28 de febrero en el que detalla de forma pormenorizada el papel que jugaron en el ‘procés’ los altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, entre ellos el exconseller de Presidència de la Generalitat y candidato a presidir el Govern, Jordi Turull, a quien atribuye un papel «extraordinariamente relevante».
En el trabajo, el cuerpo de seguridad acredita a Llarena un gasto de 1,6 millones de euros en el referéndum del pasado 1 de octubre, cuyo pago se repartió entre cinco consellerias: Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura. No obstante, el instituto armado precisa que dará cuenta al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona del gasto total del 1-O.
Joan Anton Font: «La ley no existe. Gobierna la arbitrariedad en la defensa de la unidad de España»Paralelamente, el abogado Ramon Maria Sans también carga contra la justicia española. «El proceso no ha tenido las garantías de igualdad de oportunidades para todas las partes» resalta el letrado, quien recuerda que, aunque Llarena decreta la inhabilitación del candidato, ésta «no será firme, ya que aún podrá ser recurrida».
Por su parte, el profesor asociado de la URV y secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, critica que «la ley no existe. Gobierna la arbitrariedad en la defensa de la unidad de España» y añade: «jurídicamente es difícil hacer un análisis de lo que puede pasar. Si prospera el sábado la investidura los jueces y el Rey no se lo pensarán dos veces para incumplir la ley e impedir una nueva presidencia de la Generalitat».
Ramon Maria Sans: «Estamos en un proceso que no ha dado las garantías de igualdad de oportunidades a todas las partes»Forn, «un mal presagio»
El abogado Francisco Zapater califica como de «Dragon Khan procesal» la situación y recuerda que para que se decrete cárcel «deben instarlo el fiscal o Vox», a la vez que indica que, en caso de una posible inhabilitación, ésta «tardaría un mes en ser efectiva».
De forma paralela, el exdecano de los abogados de Tarragona Antoni Vives considera que la investidura de Turull «es una nueva jugada de la partida de ajedrez que el independentismo mantiene con el Estado» y ve probable que se decrete su encarcelamiento «por el riesgo de reiteración delicitiva», y añade: «la denegación de la libertad a Joaquim Forn es un mal presagio» remarca.
Finalmente, el también exdecano Anton Húber ve posibilidades reales para que Turull vaya de nuevo a la cárcel. «Aparte del informe de la Guardia Civil, el juez puede interpretar como una voluntad de reiteración delictiva el objetivo de ser investido President con los votos de la CUP» afirma el letrado.
