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Los cinco acusados del Procés en prisión preventiva que fueron elegidos en las elecciones generales del 28 de abril, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Raül Romeva, saldrán de la cárcel el próximo martes para asistir al pleno de constitución de las Cortes y volverán a continuación al penal.
La Sala del Tribunal Supremo que les juzga por un delito de rebelión autorizó ayer esta petición de las defensas para que puedan ejercer su derecho fundamental de participación política, pero descartó revocar su situación personal de forma permanente por el riesgo de fuga.
Además descartó, a instancias de la Fiscalía, la necesidad de tramitar el suplicatorio ante ambas cámaras dada su próxima condición de diputados y senador y, por lo tanto, de aforados. Una reclamación de sus abogados que buscaba aplazar el juicio algunas semanas, lo que hubiera provocado un menoscabo del derecho de los otros acusados, según la resolución.
Por unanimidad
En un auto de 27 páginas, el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena acordó por unanimidad de sus siete magistrados que Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez acudan el martes a los plenos constitutivos del Congreso, y Raül Romeva al del Senado.
La resolución detalla que se autoriza la salida de la prisión con algunas premisas: «Deberán para ello ser debidamente custodiados y adoptarse por la presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del salón de plenos, pueda quedar garantizada su seguridad». Igualmente la resolución ordena a las fuerzas de seguridad, sobre los cargos electos, que «les reintegren, sin dilación, al centro penitenciario una vez la presidencia de las cámaras haya dado término a la sesión».
En este acto, los políticos electos deberán prometer o jurar el cargo como diputados y senador, y acatar la Constitución tras ser llamados por orden alfabético junto al resto de parlamentarios.
La Sala del Tribunal Supremo justifica que esta autorización, «de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación», se subordina, en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal en que los tres nuevos diputados y el senador están acusados de rebelión, entre otros delitos. Es decir, que los futuros plenos que sean convocados a partir del próximo martes no interferirán en el juicio, que se prevé que concluya a mediados de junio.
Presencia «ineludible»
La Sala del Tribunal Supremo ya anticipó su decisión hace dos semanas, cuando no programó vista oral para el 21 de mayo. Del mismo modo, fuentes del Tribunal Supremo señalaron que el pleno de constitución de las Cortes obliga a la «ineludible» presencia física del candidato, a diferencia del Parlament, donde este trámite se puede delegar.
Consciente de ello, el tribunal quiere impedir que las defensas tengan munición ante el futuro recurso que presentarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de derechos fundamentales de sus clientes.
Por este motivo, el auto firmado por el juez Manuel Marchena tampoco se inmiscuye en los movimientos de los acusados en el Congreso y Senado, que deja a criterio de las presidencias, o en cuestiones como la custodia policial, o si van a ir o no esposados al hemiciclo, por ejemplo.
Sobre el suplicatorio, afirma que carecería de «justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad el trámite formal del órgano parlamentario». Esto es, la ley penal considera que es en fase de instrucción, y no después, cuando las Cortes deben retirar el privilegio al aforado para que sea investigado.
