Los restaurantes, obligados a dar la comida que sobra en 'tuppers'

El Parlament de Catalunya ha aprobado una proposición de Ley que también insta a las empresas a incentivar la venta de productos con caducidad próxima

04 marzo 2020 16:13 | Actualizado a 04 marzo 2020 16:42
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El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición de ley presentada por el PSC-Units que obliga a los restaurantes a facilitar que los clientes se puedan llevar con un envase la comida que sobre. 

Entre otras medidas para reducir las pérdidas y el malbaratamiento alimentario, la ley insta a las empresas a incentivar la venta de productos con caducidad próxima, establece que las entidades sociales que distribuyen alimentos los tienen que conservar en condiciones óptimas y promueve el establecimiento de acuerdos entre estas entidades y las empresas distribuidoras.También establece que los restos no comestibles se aprovechen para otros usos, como los industriales o la obtención de compuesto o de biogás. 

Además, las empresas de la cadena alimentaria, excepto las microempresas, y las entidades deberán disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el malbaratamiento alimentario, y el Govern, en colaboración con el Consell Català de l'Alimentació, deberá elaborar un plan estratégico sobre este asunto. 

El diputado del PSC, Raül Moreno, se ha encargado de presentar la iniciativa, que ha destacado que es pionera en el Estado, y ha reivindicado que es una ley responsable y necesaria para reducir las pérdidas del malbaratamiento alimentario: "Podemos ser pioneros desde Catalunya si vamos juntos y si nos centramos en lo que nos acerca"

En declaraciones a los medios, la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, ha destacado que esta ley supera las leyes ya existentes como la de Francia e Italia: "La nuestra va mucho más allá". 

Asimismo, considera que esta nueva norma servirá para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), ya que contienen un compromiso de que en 2030 se hayan reducido un 50% las pérdidas y el malbaratamiento alimentario. 

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